Un 60% de las familias españolas declaraban voluntariamente en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), por valor del 44% de lo que se les consideraba imputable, en el año 1979, según. afirman algunas de las conclusiones de la Comisión para evaluar el fraude fiscal del IRPF, que a finales del pasado mes ha elevado su informe al ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, que a su vez lo deberá haber entregado al Congreso de los Diputados en las mismas fechas. El informe de la Comisión ha resultado más pobre de lo esperado por cuanto en él existen fuertes limitaciones, como por ejemplo la total ausencia de información sobre la distribución por categorías socioeconómicas o por territorios, de la evasión fiscal.
La filosofía general de las conclusiones da una de cal y otra de arena: el grado de cumplimiento voluntario de la declaración del IRPF ha significado un giro sustancial respecto a los años del franquismo, pero aún queda mucho trecho para conseguir porcentajes considerados como positivos.La Comisión fue creada el primero de abril del pasado año y se constituyó el 29 del mismo mes, estando compuesta por Cesar Albiñana (presidente), Manuel Lagares, Javier Lasarte, Alfonso García Barbancho, José Bernardo Quevedo, José Luís Raymond Bará, Jorge Pereira, Francisco Castellanos y Ricardo de Juanes. En la presentación de su informe se exponen las limitaciones que ha tenido su trabajo: confrontación de las informaciones económicas y tributarías existentes en la actualidad y referidas a 1979; homogeneización de magnitudes; y las estadísticas disponibles que "han impedido que el análisis comparativo entre magnitudes económicas y tributarias pudiese alcanzar a todos los ámbitos previstos inicialmente, y muy en especial, a los relativos a los niveles o tramos de la atribución personal de la renta, a las categorias socioeconómicas de sus perceptores y, asimismo, de los territorios de imputación de la renta".
Cambio de actitud
Entre las principales conclusiones que se desprenden del trabajo de la Comisión (una docena), se pueden destacar las siguientes: el grado de cumplimiento de los sujetos pasivos del IRPF, según las declaraciones presentadas en el ejercicio 1979, no resulta enteramente satisfactorio, ya que frente a más de 8.700.000 unidades familiares que la Comisión ha estimado venían obligadas a aportar las declaraciones, sólo el 59,75% ha cumplido la expresada obligación legal. "No obstante", dice el informe, "se reconoce y se pro clama el sustancial cambio de actitud de los españoles respecto al impuesto, atendidos los precedentes del mismo y el grado de cumplimiento por el año 1979, no siendo ajena la Administración tributaria a este cambio de comportamiento ciudadano ante su Hacienda Pública". Para determinar estos datos se partió de los ofrecidos por la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 1979, el número de unidades familiares perceptoras de renta para comparar dicho número con el de declaraciones presentadas por el Impuesto sobre la Renta de aquel año. El número total de unidades familiares era de 11.900.000, a las que había que deducir las que no superaban el mínimo legal a declarar (300.000 pesetas), que eran de 3.250.000, y las unidades familiares cuya base de estimación objetiva singular no superaba el mínimo legal, y que era un número desconocido.Así, la falta de información sobre este último extremo, limita la base de comparación de las unidades familiares teóricamente obligadas a declarar. Sin considerar cuantitativamente este extremo, el número de declarantes potenciales se situaría en 8.487.000, cifra que aparece como sobrevalorada. A título indicativo, los límites del colectivo que probablemente se halla sometido a estimación objetiva singular podrían enmarcarse en los grupos socioeconómicos de las empresas agrarias y no agrarias sin asalariados, colectivo que de acuerdo con la propia información de la EPA se sitúa muy cerca de 1.900.000 personas.
Las declaraciones de renta presentadas voluntariamente por el mencionado ejercicio de 1979 fueron 5.358.867, cifra que, en todo caso, resulta sensiblemente discrepante de la correspondiente al censo potencial de contribuyentes.
Ahora bien, el número de declaraciones ha pasado de 1.300.000 en 1976 a 2.800.000 en 1978 y a 6.250.000 en 1980. Más concretamente, la introducción del nuevo Impuesto sobre la Renta ha supuesto pasar de 2.836.411 declaraciones en 1978 a 5.358.867 en 1979. Así pues, el grado de cumplimiento voluntario del nuevo impuesto debe juzgarse muy positivamente respecto al pasado, aún cuando existiesen todavía en 1979 diferencias sensibles respecto del censo potencial estimado.
Rentas percibidas y rentas declaradas
Otra de las conclusiones relevantes vincula las rentas percibidas con las rentas declaradas.Estas últimas, en el año en cuestión, se estima que representan algo más del 44% de las imputables a las unidades familiares obligadas legalmente a presentar declaración tributaria por dicho año y domiciliadas en territorio de régimen común, esto es, excluídas Alava y Navarra.
La Comisión trató de analizar las rentas percibidas por las unidades familiares, de acuerdo con las cifras del avance de Contabilidad Nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadistica (INE), y las rentas declaradas. Este análisis pretendía determinar las discrepancias existentes entre la estimación de las rentas percibidas y las rentas declara das y diferenciar posteriormente dos categorias funcionales: las rentas de trabajo y las demas rentas. Metodológicamente, sobre la cifra de ingresos globales había que deducir las rentas imputables a las unidades familiares que no alcanzan el mínimo legal de donde arranca la obligación de declarar, las familias que aún obteniendo rentas superiores al mínimo legal, tienen una base que, determinada mediante la estimación objetiva singular, no alcanza dicho mínimo; y la diferencia entre sus ingresos reales y los determinados por aplicación de las normas legales del citado método de estimación.
La Comisión unicamente estimó la parte correspondiente al primero de los tres componentes, que se estimó en 634.000 millones de pesetas. En consecuencia, la estimación de los ingresos potenciales constitutivos de renta tributaria, que se cifra en 9.084.000 millones de pesetas, está sobrevalorada.
Esta estimación resulta divergente de la magnitud fiscal correspondiente, que la Comisión cifra en 4.005.200 millones de pesetas. Esta divergencia es matizada en el sentido de que no cabe esperar una coincidencia entre las magnitudes de la Contabilidad Nacional y las Fiscales, y por tanto es dificil afirmar que la cifra en cuestión cuantifica globalmente el volumen del fraude en el IRPF, aunque sí es un buen indicador del nivel de evasión.
Otras conclusiones igualmente importantes que se derivan del trabajo de la Comisión, son las siguientes: han sido declarados y sometidos a gravamen tan sólo el 53,8% de los ingresos del trabajo que se estiman computables a efectos del IRPF. Sin embargo, se han declarado en el impuesto el 91,5% de los rendimientos de trabajo sometidos a retención, "lo cual demuestra la eficacia del control en la fuente cuando éste se aplica efectivamente" ; en cuanto a los demás rendimientos (de capitales mobiliario o inmobiliario y actividades empresariales, profesionales o de artistas), sólo se ha incorporado su 24,7% a las declaraciones tributarias procesadas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 11 de abril de 1982