Los abogados de la acusación, José María Mohedano y Antonio Garcia Pablos han presentado, ante el Juzgado de Instrucción número 3 que entiende el sumario del síndrome tóxico, una serie de nuevas diligencias en las que se pide la declaración de personas implicadas en el circuito del aceite, tanto de la Administración como de empresas privadas.En las diligencias presentadas por el representante de la Asociación provincial de Leganés, José María Mohedano, se pide la declaración de varios suministradores que han vendido aceite a empresas que están procesadas en el sumario, y a los que inexplicablemente hasta ahora no se les ha pedido declaración, ni han sido objeto de investigación alguna por parte de la policía. Este es el caso de la empresa Codosa de Tarragona o de El Lagar de Córdoba que eran suministradores de Raelca. Otra empresa que aparece repetidas veces en el sumario es Aceprosa de Vizcaya y lo mismo ocurre con la de Manuel de Pablos e Hijos, de Sevilla, de las que se sospecha han suministrado aceite a varias empresas de la cadena del fraude.

Igualmente se pide la declaración de los representantes de las refinerías que trataron el aceite tóxico y que todavía no han comparecido ante el Juez, como son Danesa Bau, ITH e Industrias Tarrega. Lo mismo sucede con los laboratorios que analizaban el aceite procedente de Raelca y de ITH, concretamente los laboratorios Comar y Espejo.

Entre las diligencias presentadas y aprobadas ya por el juez instructor, destaca la petición de declaración del doctor Contí, Subdirector general del Ministerio de Sanidad y Consumo, que al parecer intervino en la supervisión de los análisis realizados al aceite de Raelca, dándole el apto para el consumo.

Destaca también la declaración de José Manuel Ansino Lopez; quien al parecer estuvo vendiendo aceite tóxico a la Residencia Primero de Octubre de Madrid, durante los meses de junio, julio y agosto del pasado año, cuando ya habían ingresados enfermos por el síndrome tóxico.

Otro caso es el de José Pazos, propietario del comercio "Belle lsle" de Ondárroa (Guipúzcoa), que también vendió aceite tóxico después de que se conociera que éste era la causa de la llamada neumonia atípica. Por último se pide la declaración de Jesús Españadero Coca, almacenista y envasador de Valladolid que fue detenido en un principio y posteriormente puesto en libertad sin que haya prestado declaración.

Por su parte, Antonio Garcia Pablos ha presentado otro pliego de diligencias donde solicita las declaraciones de varios miembros de la Administración pertenecientes a los servicios de Aduanas, a los ministerios de Agricultura, Comercio, Industria, Sanidad y Corporaciones Locales.

El PSOE critica a Sanidad

La secretaría de Acción Social del PSOE ha hecho pública, una nota en la que denuncia nuevamente las declaraciones realizadas ayer por el Ministerio de Sanidad, señalando que dicho departamento no está obligado a facilitar anticonceptivos a las mujeres enfermas del síndrome tóxico en edad fértil. Dichas declaraciones fueron realizadas en respuesta a una primera acusación del partido socialista que había señalado, "la flagrante contradicción" entre esta actitud inhibitoria, "con las repetidas declaraciones del director del Programa Nacional de Seguimiento, ante la comisión mixta Congreso-Senado, ante la cual nunca se ha cuestionado la obligación de la administración sanitaria de facilitar anticonceptivos a las mujeres afectadas por el síndrome tóxico." La nota de PSOE considera que "tal actitud constituye una interpretación restrictiva de las normas sanitarias a que tienen derecho las afectadas."