El Gobierno no informa sobre sus prioridades legislativas
La subida de las tarifas postales en un 10% y el hecho de que el ministro del Interior informara al Gobierno sobre los sucesos de Trebujena, fueron algunos de los escasos datos suministrados por el secretario de Estado para la Información, Ignacio Aguirre, a preguntas de los informadores en la conferencia de Prensa mantenida para dar cuenta de lo tratado por el Consejo de Ministros celebrado ayer. Entre los temas de los que no informó destacan las iniciativas legislativas calificadas de prioritarias ayer por el gabinete.El portavoz gubernamental se limitó a dar cuenta de la aprobación de tales prioridades y se negó a ofrecer detalles sobre las mismas, ya que previamente corresponderá comunicarlas al Parlamento en la próxima junta de portavoces del Congreso de los Diputados. Sobre las posibles dificultades del Estatuto de autonomía valenciano, cuyo debate está previsto para el martes próximo, manifestó que "el Gobierno no ha tratado ni sobre las dificultades ni sobre las facilidades" de dicho estatuto. Informó de que la ley de transferencias a Canarias fue retirada del orden del día del Consejo por el ministro de Administración Territorial.
En relación con los sucesos de Trebujena, declaró que la investigación que se ha abierto es de carácter judicial y que hasta que no concluya ésta y se hayan establecido las responsabilidades que correspondan, el Gobierno no iniciará ningún expediente.
Entre los temas que Ignacio Aguirre destacó de los tratados ayer por el Gobierno figura el informe del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, según el cual durante los dos primeros meses del año la negociación colectiva ha fructificado en convenios que afectan a 78.000 empresas y unos 700.000 trabajadores, con un aumento medio de los salarios de un 10,15% y la conflictividad laboral se ha reducido en un 30% sobre igual período del año anterior.
Otros de los acuerdos destacados fueron el decreto sobre uso y publicidad del tabaco y la disposición sobre protección de la seguridad ciudadana que establece la indemnización de daños y perjuicios cometidos por bandas y organizaciones armadas.
