La Caja Postal trata de convertirse en un gran 'banco' nacional

La Caja Postal, undécima institución financiera española y tercera entre las cajas de ahorros en depósitos (unos 250.000 millones de pesetas), proyecta convertirse en una gran entidad de crédito y ahorro. Con algún éxito parcial, cajas y bancos privados han intentado frenar la competencia de esta primera y única organización totalmente estatal, pues la banca oficial no capta dinero del público y el Exterior de España, con participación mayoritaria del Estado, funciona como privado. La oposición puede endurecerse ahora que está a punto de ser aprobado su plan quinquenal de expansión, cuyo objetivo prioritario es realizar casi todos los servicios bancarios en sus 1.628 oficinas y abrir otro centenar cada año.

Las 1.628 oficinas sitúan a la Caja Postal en un plano similar al de los primeros bancos. Las cajas que la preceden (Caixa catalana y Caja de Madrid) no llegan a la mitad; tienen, además, limitada su capacidad de expansión fuera de la región a media docena de sucursales. Asimismo, aunque en la pasada década duplicaron con mucho su expansión, sólo dos o tres bancos superan dicho número, pero la rentabilidad de las inversiones no les deja estar presente en muchos núcleos rurales donde actúa la Caja.En efecto, junto a sus 246 oficinas propias, donde dice realizar casi las tres cuartas partes de sus operaciones, la Postal utiliza 1.382 puestos de Correos y Telégrafos, servida en la mayoría de los casos por un funcionario a tiempo parcial.

Plan para cinco o seis años

El plan para cinco o seis años debe ser sometido al consejo de administración, cuya reestructuración está siendo ultimada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que institucionalizará la presencia de Hacienda, Economía y el representante sindical (ahora sólo lo está la del Banco de España y director general de Correos, que actúa de presidente).Se centra fundamentalmente en realizar todo tipo servicios en las 246 sucursales y hacer operativas para cuentas corrientes, domiciliación de recibos, transferencias, etcétera, a los citados puestos de Correos. Uno de los primeros pasos está ya en ciernes: dentro de varias semanas aparecerá el concurso público para adquirir 456 terminales de ordenador, que muy probablemente se repartan IBM y UNIVAC, suministradoras de los actuales equipos. A partir del verano, ya podría iniciarse la extensión de domiciliaciones y otros apuntes que necesitan soporte informático.

Otro de los objetivos del plan es captar como clientes determinados colectivos, sobre todo funcionarios y pequeñas empresas (ha empezado a dar créditos a todas las sociedades de garantías recíprocas). A cambio de la domiciliación de nóminas, se ofrecen productos en competencia con alguno de los grandes bancos, como el seguro de accidentes. Y han empezado a funcionar paulatinamente los servicios de extranjero y descuento de papel comercial. No ha sido ajena la Caja a las últimas innovaciones del mercado: tiene unos 6.000 millones de pesetas de riesgo en préstamos sindicados en pesetas o divisas, y ya concede créditos a interés variable.

Para financiar su expansión, los responsables de la entidad han dado un paso discreto pero decisivo. El pasado 14 de enero, apareció en el Boletín Oficial del Estado un real decreto que la equipara a las cajas de ahorros a efectos de reparto de beneficios. Desde ahora, no tendrá que pasar al Tesoro mas que la mitad que sus excedentes (hace el papel de la obra benéfico social de las cajas); el resto irá a un fondo de reserva que financie inversiones reales, dotado hasta ahora con sólo un 25%.

En términos de 1981, supone una inyección adicional de 1.000 millones de pesetas, pues los beneficios han superado los 4.000, a pesar de que el inicio de un plan contra impagados y morosos (de 7.500 millones han bajado a 4.500) se ha complementado con el saneamiento casi total de cartera. Ello ha requerido 1.500 millones (el 1,7% de los riesgos, frente al 1,5% recomendado por el Banco de España).

Los beneficios, que se movieron los cinco años anteriores entre 2.000 y 3.201 millones, podrían haber sido mayores; esto se explica en que la liberalización del sistema financiero favorece el sustituir activos inversores de baja rentabilidad por otros de media o alta, lo que tendrá su mayor impacto dentro de dos o tres años.

Agravios comparativos

La rentabilidad media del activo subió en 1981 para la Postal casi 2 puntos (hasta el 9,25). Por el contrario, el coste de los depósitos o pasivo creció sólo un punto (hasta el 7,54%). En ambos casos hay un cierto margen a favor de la entidad con respecto a las cajas de ahorros (los promedios de los bancos son superiores), tanto en incremento anual como en el porcentaje resultante. La explicación está en unos costes de intermediación más bajos.De aquí provienen los agravios comparativos que alegan bancos y cajas para oponerse o ver con recelos los planes de la Postal. A unos les molesta sobre todo una competencia con garantía del Estado, no obligada a repartir beneficios y que utiliza infraestructura de un servicio público deficitario. A las cajas, además, su presencia en toda España.

La respuesta de la Postal es que todo el apoyo recíproco con Correos se apunta en una cuenta de contraprestación de servicios (el personal se valora en horas de trabajo), controlada por la Intervención General del Estado y el Tribunal de Cuentas y cuyo saldo le cuesta anualmente unos 100 millones de pesetas. Pero esto no satisface a la competencia, que hace un año ya consiguió hacer bajar en varios puntos los muy competitivos tipos de interés con que remuneraba la Caja los certificados de depósito, partida de pasivo duplicada el año pasado, hasta alcanzar los 16.000 millones (tiene 25.000 millones en cuentas corrientes, 105.000 en cuentas de ahorro, 73.000 en imposiciones y 41.000 millones en cuentas de organismos).

Fuentes de la Postal informaron ayer que desde entonces no han sufrido presiones de ningún tipo. En la Asociación Española de Banca Privada y en la Confederación de Cajas de Ahorros tampoco ha podido confirmarse nada en contrario. En cambio, sí hay conciencia de tales obstáculos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que debe decidir sobre la próxima reestructuración del consejo de administración; también puede llegar la voz de las otras entidades por el Banco de España y el Ministerio de Economía.