CARACAS.- "Algunos rectores del Consejo Nacional Electoral [CNE] creen que somos tontos. Les mintieron a los venezolanos y a la comunidad internacional. Y ahora pretenden burlarse de todos." Así definió Henrique Capriles ayer el papel del organismo electoral venezolano, manejado a voluntad por el chavismo como el resto de las instituciones estatales, con lo que subió la apuesta y confirmó que se prepara para impugnar los resultados de las elecciones del 14 de abril.
El líder opositor había dejado sus cartas sobre la mesa pocas horas antes de que el presidente Nicolás Maduro viajara con urgencia en dirección a La Habana. "Los cuadernos de votación son la prueba de que el voto se corresponde con quien lo ejerció. No revisarlo hace la auditoría una farsa", dijo Capriles.
"[En ellos] están lo que los rectores del CNE no quieren que veas. ¿Cuántos muertos aparecen votando y votaron?", atacó el gobernador de Miranda desde su cuenta de Twitter. Y son precisamente los muertos uno de los grandes interrogantes que sobrevuela el proceso electoral venezolano.
Según cálculos de la oposición, por lo menos 600.000 fallecidos permanecen en el registro electoral. En el comando electoral de Capriles se han recibido denuncias de personas que creen que se está utilizando a sus seres queridos ya fallecidos para votar. Pero la única forma de comprobarlo es a través, precisamente, de los cuadernos de votación.
De hecho, gran parte del país desconoce que la única forma de que el familiar muerto desaparezca del registro es llevando un acta de defunción al CNE. El líder opositor reiteró que está convencido de que Maduro se robó las elecciones. "Ponemos en duda que los votos de Maduro fueran los que sacó. ¿Cómo podemos demostrarlo? Con un proceso de auditoría", aseveró. "Metieron más votos de los que realmente tienen. Nosotros hemos ganado las elecciones."
Vicente Díaz, el único rector independiente de los cinco que conforman el CNE, apareció públicamente para decir que "comprende y comparte" la exigencia de Capriles de incorporar los cuadernos de votación, pero que es "obvio que la decisión tomada por el CNE no agota las exigencias hechas" por la oposición.
Anoche, se esperaba una pronunciación del CNE sobre la auditoría de las elecciones, luego de que representantes del organismo se reunieran para definir los pasos a seguir.
Roberto Abdul, presidente de la ONG Súmate, confirmó ayer que desde la semana pasada la oposición reclamó al CNE acceso a los resultados, amparada en más de 7000 denuncias. "Delitos como usurpación de identidad, gente con el mismo nombre y fechas de nacimiento o incidencias en las máquinas, donde hubo muchas personas que no introdujeron su huella dactilar", resumió.
De esta forma, el comando de campaña de Capriles detectaría si hubo "usurpación de voto", es decir, que una persona aparezca votando sin haber votado, incluidos algunos de los 600.000 muertos. "Hay una hipótesis que tenemos y que puede afectar los resultados. No es sólo la afectación de un número potencial de votos, sino quién fue el verdadero ganador", dijo Roberto Picón, representante técnico opositor.
"Si el escenario fuese al revés y el que pidiera la auditoría hubiese sido el candidato oficialista, Maduro tendría los cuadernos de votación en su casa", sentenció Capriles.
Con el cierre en falso de la auditoría, el gobierno se apuntó una victoria política. El chavismo nunca consideró que la oposición pudiera revisar los detalles del voto, pero necesitaba el amague del CNE para destrabar la Cumbre de la Unasur en Lima y, sobre todo, la postura de Brasil y Colombia, que exigían el recuento de los votos. Hoy, con Maduro reconocido por el continente, las denuncias de la oposición tendrán un eco relativo.
¿Qué le queda a Capriles tras la decisión del CNE? Ya anunció su hoja de ruta: impugnar las elecciones antes del 6 de mayo, cuando expira el plazo de presentación. El equipo jurídico de la oposición trabaja "a toda marcha" para presentar sus pruebas ante el Tribunal Supremo de Justicia.
En el seno de la alianza democrática saben que el tribunal rechazará sus argumentos, como ha sucedido durante la última década con todas las sentencias que afectaban al oficialismo. El siguiente paso consistiría en dirigirse a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
"Todo lo que yo he mostrado el día de hoy va a terminar recorriendo el mundo y más temprano que tarde en nuestro país va a haber una nueva elección", auguró Capriles.
Advierten por sanciones de Estados Unidos
Venezuela aplicará sanciones económicas contra Estados Unidos bajo el principio de reciprocidad en caso de que ese país imponga medidas en su contra, expresó el canciller venezolano, Elías Jaua, en una entrevista publicada ayer en el diario ecuatoriano El Telégrafo. Al ser consultado si Caracas dejaría de vender petróleo a Washington en el marco de esas penas, Jaua respondió: "No sabemos. Las evaluaríamos en su contexto".
Luego de la polémica desatada por los resultados de los comicios presidenciales del 14 de abril en Venezuela, la secretaria de Estado adjunta para América latina, Roberta Jacobson, instó al recuento de votos. "No podemos decir si vamos a implementar sanciones o no", advirtió la funcionaria norteamericana en ese momento. El año pasado, Venezuela -principal productor de crudo sudamericano- exportó unos 900.000 barriles diarios a Estados Unidos, país con el que mantiene una tensa relación diplomática, pero que aún es el principal comprador del petróleo venezolano..
Del editor: cómo sigue.
La impugnación es la última carta de Capriles para pelear la elección, pero es muy difícil que prospere: el gobierno tiene el control total de las instituciones.
