El escenario
Por César González Calero | LA NACION
Era la reforma más esperada, aquella por la que suspiraban miles de cubanos: la eliminación de los estrictos permisos para poder viajar fuera de la isla. Con la reforma de la ley migratoria, el régimen de Raúl Castro da un paso firme en el proceso de cambios que vive Cuba, a pesar de que el decreto publicado ayer contiene varios candados que restringen su alcance.
La aplicación práctica de esas limitaciones, su mayor o menor laxitud, será la prueba de fuego de la reforma. Una incógnita que se despejará a partir del 14 de enero, cuando entre en vigor la nueva normativa.
Desde que Fidel Castro delegó el poder de forma permanente en su hermano menor, en febrero de 2008, la reforma migratoria fue la gran asignatura pendiente del nuevo hombre fuerte de Cuba. Cada vez que se aprobaba algún cambio, planeaba sobre la isla la sombra de la eliminación de los permisos para viajar al extranjero. Pero una y otra vez, Raúl postergaba la decisión, consciente de que la medida podría tener consecuencias imprevisibles para su gobierno.
Fidel siempre se opuso a una flexibilización de las trabas migratorias. De esa forma, graduaba a su antojo una herramienta muy útil en su largo y complejo contencioso con Estados Unidos. El permiso de salida, o "tarjeta blanca", y la carta de invitación (los dos requisitos que ahora se eliminaron) eran en la práctica un cerrojo (tanto desde el punto de vista ideológico como económico) para aquellos que pretendían abandonar la isla. Si el clima político interno se enturbiaba, se activaban las crisis migratorias, como ocurrió en 1980 (éxodo de Mariel) o en 1994 (crisis de los balseros), y después volvía la "calma".
En sus últimas intervenciones públicas, Raúl Castro se refirió al empeño de su gobierno por sacar adelante la reforma, una promesa mil veces repetida, pero nunca cumplida. El VI Congreso del Partido Comunista, celebrado en abril de 2011, dio su bendición a los cambios cuando las "condiciones objetivas" de la isla lo permitieran.
La reunión bianual del Parlamento, celebrada en agosto pasado, parecía una ocasión idónea para que Raúl hubiera anunciado la flexibilización de los permisos para viajar, pero el general pidió más tiempo y sólo pudo informar que su gobierno trabajaba en "la actualización de la política migratoria vigente".
Los términos en que se redactó el decreto publicado ayer en la Gaceta Oficial de Cuba expresan una especie de equilibrio entre el sector ortodoxo del régimen y los aperturistas. Por un lado, la ansiada reforma sale por fin a la luz, revisando decenas de artículos de la ley de migración de 1976. Y por otro, eliminados los impopulares permisos de salida, se mantienen los filtros más espinosos, caballo de batalla del sector duro.
Los artículos 23 y 24 del decreto dejan fuera de la flexibilización a la "fuerza de trabajo calificada" del país, es decir, médicos, científicos, docentes, directivos de empresas y militares, para los que se imponen trabas temporales de hasta cinco años para evitar la "fuga de cerebros". Tampoco lo tendrán fácil para viajar los disidentes, a los que el régimen podría aplicar "razones de defensa y seguridad nacional" para no entregarles el pasaporte (que deberán solicitar o actualizar todos los cubanos que quieran viajar).
Si la reforma es bien o mal recibida por los cubanos se sabrá a partir de enero, cuando entre en vigor. Sólo entonces se verá si las "regulaciones" que limitan sus efectos no convierten la ley en papel mojado. De momento, la pregunta que sobrevuela en la isla es ésta: ¿por qué se aprueba la reforma ahora, por decreto y sin esperar a la reunión del Parlamento en diciembre? La respuesta, en el Palacio de la Revolución..