El viernes pasado el juez federal Claudio Bonadio proceso a los dueños de TBA Claudio y Mario Crigliano, Jaime y Schiavi, por la tragedia ferroviaria de Once en la que murieron 51 personas
La fiscalía apeló el fallo sobre la tragedia de Once y pidió que los ex secretarios de Tranporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, más los ex funcionarios Pedro Ochoa Romero, Guillermo Luna y Antonio Sícaro, también sean procesados por "asociación ilícita", igual que los hermanos empresarios Claudio y Mario Cirigliano.
Todos los funcionarios "tenían la posibilidad de abrir la canilla por la que circulaban los suculentos subsidios públicos (...) y a la par tenían el deber jurídico de controlar la actividad de los empresarios (por lo que) se tradujo en una complicidad criminal (...) así, son parte de la asociación ilícita", consignó. El fiscal federal Eduardo Delgado, informaron fuentes judiciales, también apeló el sobreseimiento del maquinista Marcos Córdoba, sobreseído por el juez federal Claudio Bonadio, y que sea procesado por el delito de "descarrilamiento" del tren que chocó en Once, causando 51 muertos y más de 700 heridos. Además, apeló las faltas de mérito que recayeron sobre Laura Ballestero, Antonio Suárez, Gustavo Zeni Jaunsaras, Miguel Werba y Antonio Cirigliano y los sobreseimientos de Daniel Lodola, Luis Ninoná y Marcos Córdoba.
Para el funcionario del Ministerio Público los funcionarios "se dedicaron a hacer circular papeles para poder sustraer fondos que de alguna manera 'volvían' hacia su entorno, como lo revela el propio juez al señalar varios episodios de corrupción a lo largo de la extensa decisión pero que, inexplicablemente, luego no los tradujo en consecuencias jurídicas".
De todos modos tildó de "correcta" a la argumentación del juez en el fallo en tanto que "señaló que el 'grupo Cirigliano' explotó un servicio público subsidiado por el Estado, pero que utilizó esos subsidios para otros emprendimientos comerciales olvidándose de cumplir con el contrato de concesión; algo así como que la sociedad fue la fuente de financiamiento de 'Cometrans'".
Aunque sostuvo que en la resolución "hay matices anclados en una arbitrariedad (típica del tribunal) que distorsiona los hechos y, en consecuencia, afecta la pretensión punitiva del Estado por la que debe velar el Ministerio Público Fiscal".
El Código Penal contempla penas de dos a diez años de encierro para "el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública".
Delgado remarcó que la asociación ilícita "se realizó gracias a la connivencia de los funcionarios y de un sector de los sindicatos del rubro. Los rostros de ese maridaje desde el lado del Estado fueron los de Schiavi, Jaime, Ocho Romero, Luna y Sícaro. Sencillamente porque en ellos se objetivó el poder de policía del Estado".
El viernes pasado el juez federal Claudio Bonadio proceso a los dueños de TBA Claudio y Mario Crigliano, Jaime y Schiavi, por la tragedia ferroviaria de Once en la que murieron 51 personas, posibilitada según el fallo por una "trilogía siniestra de empresarios, funcionarios y sindicalistas".
La Sala Primera de la Cámara Federal confirmó una resolución del juez Norberto Oyarbide quien "rechazó el planteo de inconstitucionalidad" presentado por el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime sobre la norma que reprime el enriquecimiento público por el que es investigado junto a sus familiares directos, indicaron fuentes judiciales.
En una resolución de cinco carillas, a la que Télam tuvo acceso, el camarista Eduardo Freiler sostuvo que "expido mi voto en el sentido de rechazar el planteo de inconstitucionalidad presentado por los defensores de Silvia Reyss, Agostina Soledad y Lorena Silvia Jayo, y de Ricardo Raúl Jaime".
Y los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballestero dijeron "compartimos la argumentación desarrollada" por el juez preopinante "por lo que adherimos a la solución allí propiciada".
En este proceso Jaime contestó el requerimiento de justificación patrimonial y "sus letrados plantearon la inconstitucionalidad del tipo penal contenido en el artículo 268 (2) del Código Penal de la Nación, alegando la violación al principio de inocencia y las garantías de prohibición de declarar contra sí mismo, de defensa en juicio y de debido proceso".
La figura del enriquecimiento ilícito conlleva la "inversión de la carga de la prueba" y debe ser el imputado quien demuestre la licitud de sus bienes, de ahí el planteo de inconstitucionalidad que establece que deben ser los fiscales quienes acrediten un ilícito atento el estado de inocencia que la Constitución Nacional otorga a todos los ciudadanos.
Agencia DyN y Télam .
