Por Ceferino Reato | Para LA NACION
Entubado en una bandera argentina y con una enseña del gremio metalúrgico que le cubría los pies, José Ignacio Rucci estaba siendo velado en la CGT cuando llegó el flamante presidente electo, Juan Domingo Perón, junto con su esposa y compañera de fórmula, Isabel. Eran las 9.30 del miércoles 26 de septiembre de 1973.
-Me mataron a un hijo, les comentó a los llorosos parientes del secretario general de la CGT.
-¿Por qué, general?, balbuceó la esposa de Rucci, Coca.
-Por leal, contestó, seca, Isabel Perón.
Las manos de Perón acariciaron las cabezas de Claudia y de Aníbal, los hijos de la víctima. Un grupo de periodistas le hizo señas; Perón se les acercó y les dio una frase para los diarios del día siguiente:
-Estos balazos fueron para mí; me cortaron las patas.
A esa altura, el atentado del día anterior ya tenía un nombre, Operación Traviata, en alusión irónica a una muy popular publicidad de las galletitas de Bagley cuyo lema era: "La de los veintitrés agujeritos". Una muestra de la banalidad con la cual se mataba y se moría en aquellos años de violencia política, que también el general había fogoneado y que ahora, recién vuelto al país luego de un largo exilio, ya no podía controlar.
Es que los balazos que acribillaron a Rucci habían partido del propio peronismo, de Montoneros, que en apenas tres años se había convertido en uno de los sectores mejor organizados y más poderosos del heterogéneo movimiento fundado por Perón, con ramificaciones en el aparato estatal recientemente conquistado.
A pesar del retorno de la democracia y de que el peronismo ya estaba en el gobierno, Montoneros seguía con un pie en la clandestinidad, convencido de que no podía abandonar las armas si quería lograr su objetivo principal: la revolución socialista.
"El poder brota de la boca de un fusil", había recordado el jefe de Montoneros, Mario Firmenich, dos semanas antes, a la salida de una decepcionante reunión con Perón.
El anciano general había vuelto a la Argentina el 20 de junio de aquel año, convencido de que "con un micrófono y una botella de agua" podría seducir a los jóvenes guerrilleros para que dejaran las armas y se volcaran a la política.
No lo logró. Era una época en que la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos no tenían muchos defensores; el sueño de los jóvenes guerrilleros peronistas pasaba por imitar al Che Guevara y a los revolucionarios cubanos.
Había, claro, algunos obstáculos. El principal era -como explicó Firmenich a fines de 1973, en un recordado discurso en la Universidad de Buenos Aires- que el propio Perón había resultado muy distinto del líder revolucionario que ellos imaginaban. "La principal contradicción con Perón es que nosotros somos socialistas y él no", dijo Firmenich.
Y era cierto. Por eso, mientras Perón basó su gobierno en el pacto social entre sindicalistas y empresarios, Firmenich y los montoneros siguieron reivindicando la lucha de clases, la disputa mortal entre el trabajo y el capital. En el pacto social de Perón, Rucci era una pieza central porque le garantizaba un freno a las demandas salariales. Perón se quedó sin uno de los pilares de ese acuerdo pensado para garantizar el crecimiento de la economía y mantener la inflación bajo control.
Montoneros nunca reconoció en forma pública el asesinato de Rucci, seguramente por la repercusión negativa del ataque dentro y fuera del peronismo. Pero, el 26 de septiembre por la tarde, mientras Rucci era velado en la CGT, Firmenich fue a la redacción de la revista El Descamisado, que expresaba el punto de vista de Montoneros, y les explicó a los periodistas que lo habían matado para enviarle un mensaje a Perón: no podría gobernar sin ellos.
El juez federal Ariel Lijo consideró probada la visita de Firmenich a El Descamisado sobre la base de testimonios de periodistas que participaron de aquel encuentro. Lijo llegó a la conclusión de que el ataque había sido realizado por Montoneros por su enfrentamiento interno con Perón y sostuvo, de acuerdo con la interpretación de la actual Corte Suprema que, como fue un crimen de la guerrilla, ya había prescripto; no valía la pena seguir investigando y por eso archivó la causa sin llamar a declarar a Firmenich ni a Ernesto Jauretche, "oficial" montonero y subsecretario de Asuntos Municipales bonaerense, a quien le dedicó varios párrafos en su sentencia.
Jauretche aparece como un testigo clave si la Cámara acepta la apelación de la familia de Rucci y reabre la investigación..
