Maniobras que jaquean la transparencia electoral

La arremetida kirchnerista por modificar la ley para habilitar a los extranjeros con dos años de residencia en el país a votar en comicios presidenciales y de legisladores nacionales ha tropezado con una piedra de significativo peso: la Cámara Nacional Electoral expresó al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, su preocupación por las dificultades que ese cambio implicaría en la confección de padrones con vistas a las próximas elecciones de 2013.

La Cámara fue muy precisa en sus reparos: la transparencia electoral podría verse afectada, porque ese cuerpo no se encuentra en condiciones de garantizar el control del voto de los extranjeros, ya que, en primer lugar y a pesar de las reiteradas promesas del Gobierno, no ha recibido ni el software ni las partidas correspondientes para llevar adelante esa tarea con el debido entrecruzamiento de datos. Y, por otra parte, porque si bien el censo poblacional de 2010 reveló que viven en la Argentina 1,3 millones de extranjeros, el Poder Ejecutivo no brinda detalles desagregados ni actualizados, con lo cual no se puede realmente comprobar si quienes tienen adquirida la residencia realmente habitan en nuestro suelo en forma permanente.

Sucede que, si bien la administración y el control de la materia electoral han sido confiados al Poder Judicial de la Nación desde hace cien años como garantía de imparcialidad, éste ha visto cada vez mas acotadas sus facultades materiales de administración en virtud de la voluntad del Ministerio del Interior de ejecutar plenamente las últimas reformas en materia electoral y en razón de las sucesivas limitaciones presupuestarias que se le ha impuesto.

Entre estas cuestiones se halla tal vez una de las más sensibles en la materia, que es la confección y la custodia de los padrones. Incluir a un ciudadano, reconocer el derecho político de un elector o impedirle el ejercicio del sufragio es una decisión que sólo un juez, investido de las garantías que hacen a su función, puede adoptar. Sin embargo, so pretexto de una mayor sofisticación tecnológica, hoy el Ministerio del Interior pretende ser el dueño de la identidad de los electores, sin que sobre esa función ejerza con simétricos medios el Poder Judicial su tarea de contralor y garante de la genuina voluntad popular.

A diferencia de lo que vimos en las últimas elecciones venezolanas, en las que la identidad del elector se verificó no sólo con su documento sino también con la fotografía y la huella dactilar, y donde el órgano electoral cuenta con las herramientas necesarias para garantizar el control genuino del proceso electoral, en la Argentina el Poder Judicial no dispone de ninguno de esos elementos.

En una audiencia realizada en el Congreso Nacional para que diversos expertos opinen sobre ese posible cambio en la legislación, el constitucionalista Daniel Sabsay calificó como "desatinado" el proyecto en cuestión, cuyo principal impulsor es el senador hoy kirchnerista Aníbal Fernández. Según Sabsay: "No hay control y puede dar vuelta un resultado (electoral)" y, con ello, "generar fuertes sospechas de fraude".

Esas críticas fueron recogidas incluso dentro del bloque kirchnerista de legisladores nacionales, además de haber provocado el rechazo de la oposición. La sospecha cada vez más extendida de que esa maniobra responde a una necesidad del Gobierno de sumar nuevos votantes potencialmente afines ha puesto un freno al proyecto, cuya discusión podría congelarse en lo inmediato. Cabe recordar otro tipo de burdas maniobras electorales como las desacreditadas candidaturas testimoniales que terminaron por convertirse en una estafa al elector.

En tanto, otra de las iniciativas del senador Fernández destinada a permitir que se vote desde los 16 años y no desde los 18, como sucede actualmente, ya fue aprobada en la Cámara alta -falta la discusión en Diputados- donde tácitamente quedó establecido que será optativo, pues se exime de sanciones a los menores de edad en el caso de que no concurran a votar. Además, establece la inclusión de los jóvenes en los padrones de las elecciones internas abiertas y simultáneas, lo cual podría abrir la puerta para que sufraguen en esos comicios a los 15 años.

Todo indica que el kirchnerismo en la Cámara baja avanzará sin mayores tropiezos en su intención de incorporar al padrón esa interesante franja etárea, que comprende unos dos millones de eventuales votantes, según datos censales. Cabe destacar que se pretende que elijan autoridades a los 16 años quienes no pueden ser elegidos, precisamente debido a esa corta edad, y que resta todavía discutir en el país si corresponde o no bajar la edad de imputabilidad penal de los menores cuando diariamente se conocen casos de participación de adolescentes en la comisión de delitos gravísimos.

Las elecciones son procesos complejos en los que interviene una multiplicidad de elementos y cualquiera de ellos que sea puesto en duda, quiebra la legitimación que debe construir la base del accionar de quienes nos gobiernan.

El voto desde los 16 años y la habilitación para que sufraguen extranjeros con cierta antigüedad de residencia en el país son dos temas muy importantes y, por lo tanto, necesitan ser debatidos a conciencia, escuchando la mayor cantidad de voces y, fundamentalmente, lejos de las urgencias electorales que ensombrecen y tornan sospechosas estas discusiones..