El curso ya ha empezado, pero existen al menos 70 alumnos de Formación Profesional que llevan casi un mes sin poder dar clase. Su centro, el colegio Camino Real de Torrejón de Ardoz, les había reclamado 1.300 euros al año por asignaturas complementarias que, en teoría, el alumno puede no cursar. El colegio tiene —o tenía hasta ayer— cuatro ciclos sanitarios de FP concertados con la Comunidad de Madrid, lo que significa que sus clases deben de ser gratuitas para los estudiantes.

El colegio acaba de pedir que le rescindan el concierto educativo, tras denunciar que Educación les debe dinero y que no pueden subsistir sin las cuotas; la consejería alega que no hay ninguna deuda y que va a reubicar a los alumnos, y los estudiantes temen estar perdiendo un tiempo precioso de este curso o incluso el año completo.

El cobro de cuotas es una fórmula conocida para algunos centros concertados que no siempre tiene ese carácter de voluntariedad que fija la ley. El centro de Torrejón estableció un pago mensual de 130 euros para sus estudiantes por tres asignaturas complementarias (Inglés Sanitario, Habilidades Sociales y Nutrición Familiar), de las que debían elegir dos por 110 euros mensuales. Sumaban, además, un seguro médico y atención psicopedagógica a los estudiantes y a sus familias. Total: 130 euros.

Los estudiantes de primero y de segundo año se negaron a abonar ese dinero y sus clases siguen sin empezar. Ayer, la Consejería de Educación aceptó la renuncia al concierto de los titulares del colegio. Los alumnos —este periódico ha hablado con tres que piden anonimato por miedo a represalias— temen ahora quedarse desfasados en módulos como Anatomía Patológica y Citología, en los que se imparten tres meses de teoría, con exámenes que deberían empezar ya, y seis meses de prácticas. Denuncian también que han tenido que pagar el doble por materiales como cuadernos o batas que el centro les obligaba a comprar con su logotipo sin permitirles adquirirlos fuera.

Un portavoz de la Consejería de Educación asegura que los afectados serán reubicados en los mismos ciclos en otros centros de la región —los módulos son, además de Anatomía Patológica, Emergencia Sanitaria, Farmacia y Parafarmacia y Laboratorio de Diagnóstico Clínico— y garantiza “la escolarización de todos” en los próximos días. “Ya he perdido un mes y medio y compañeros de otros institutos han empezado los exámenes, ¿cómo voy a ponerme al día?”, protestaba ayer una estudiante de 23 años de Anatomía Patológica que se plantea dejar el curso, pasar y retomarlo el año que viene desde el principio.

Los problemas de los estudiantes con el centro comenzaron hace ya un año, cuando el Camino Real intentó cobrar las cuotas sin éxito. “Nos dieron un papel en el que reclamaban el pago, pero no nos avisaron de que era voluntario. Nos enteramos porque lo comentó un compañero y empezamos a movilizarnos”, se queja otro exalumno de Emergencia Sanitaria, que completó el primer año y tiene pendiente el curso final.

Tras consultar a la Consejería de Educación recibieron una comunicación oficial en la que les garantizaban que esas actividades tenían “siempre” carácter voluntario para los alumnos. El escrito añade que el centro “no puede impedir” a los estudiantes que han acabado el primer curso “que formalicen la matrícula del segundo” porque se consideraría una sanción arbitraria.

Desde el colegio Camino Real argumentan un “gravísimo incumplimiento” de la Administración para pedir la extinción del concierto. En un escrito enviado a la Dirección General de Becas reclaman 56.236 euros atrasados a Educación por gastos de mantenimiento del centro y seguros sociales de los profesores, entre otros. El portavoz de la consejería niega que se les deba nada.

“Hemos invertido más de 12 millones en instrumental para preparar hasta 10 ciclos que esperábamos concertar”, asegura Manuel Blanco, uno de los titulares del centro. Sostiene que las cuotas son “voluntarias obligatorias”, y en el escrito subraya que el cobro “es genérico” en los centros concertados. “Se han convertido en un método generalizado de financiación de los mismos, que viéndose privados de ellos quedan en situación de desigualdad para competir con aquellos a los que la Administración les permite continuar cobrando”, añade, “por carecer de repetidas denuncias”.

Reclama que se autorice el “copago” y se dé a los centros “una herramienta legal que les permita subsistir sin la actual precaridad”. Calculan que perderán más de 350.000 euros solo este curso y que tendrá que reubicar a 14 profesores.