La sentencia del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por la que archiva la causa contra los imputados por intentar asaltar el Congreso el 25-S no ha sentado bien entre los políticos del PP y ni en ciertos sectores de la magistratura. Además del contenido de la sentencia, que ha llevado a un dirigente popular a responsabilizar al magistrado de las agresiones que puedan sufrir los diputados, ha sido una expresión la que ha desatado todas las críticas: “La convenida decadencia de la denominada clase política”, que Pedraz ha utilizado para justificar la convocatoria del 25-S.

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha acusado a Pedraz de utilizar "las togas" y la Audiencia Nacional para hacer una "demagogia política" y ha tildado de “indecente e inaceptable” su manera de expresarse. Tras considerar "cuestionable" la capacidad de su calidad jurídica, Hernando advirtió que hacía responsable al magistrado de cualquier acto de acoso o agresión a los representantes de la soberanía nacional y recordó al juez que "aunque pretenda ir de pijo ácrata, en realidad es un juez con toda la responsabilidad que eso conlleva", informa Europa Press.

Hernando ha querido también expresar su “reconocimiento” a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque “protegieron” el Congreso y “velaron” por garantizar la integridad de la “principal institución democrática del país”. El diputado ha hecho una mención especial a aquellos que sufrieron la agresión de los “pacíficos manifestantes a los que apoya Pedraz”, sin aludir en ningún momento a la investigación que ha abierto Interior sobre la irrupción de los antidisturbios en Atocha el 25-S.

También han llovido las críticas desde la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) por la frase de la discordia. “Es un exceso literario, innecesario y superfluo”, ha criticado hoy Pablo Llarena, portavoz de la APM, en alusión a la “decadencia” política que mencionaba Pedraz, informa Servimedia. Según Llarena, el juez “no está en condiciones de evaluar cuál es la conclusión que la generalidad de los españoles tiene sobre la clase política”.