25/02/200000:00 CET
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La sociedad estatal que gestionó la Exposición Universal de Sevilla de 1992 perdió en sus 10 años de existencia más de 37.000 millones de pesetas, según diagnostica un anteproyecto de informe del Tribunal de Cuentas. Los expertos de este organismo, tras revisar las cuentas, niegan que hubiera un beneficio de 17.930 millones en el año 1992, como se declaraba en los balances oficiales, y calculan que, en realidad, se registraron pérdidas de 13.759 millones. Computados sus 10 años de existencia, los números rojos acumulados por la sociedad de la Expo se elevan a 37.046 millones.
El fiscal del Tribunal Supremo adscrito al caso Filesa, Antonio Salinas, ha propuesto al juez Marino Barbero que desglose delcaso Filesa "toda la documentación no relacionada con la presunta financiación irregular del PSOE, a través del holding de empresas Filesa, Malesa, y Time Export", lo que, según fuentes de la Fiscalía del Estado, implicaría que otro juez investigase las presuntas comisiones pagadas por Siemens y el desvío de fondos de Viajes Ceres.
Miguel Ángel Loeches García y María José Tomé Arnal ostentaron los cargos de jefe de administración y secretaria no consejera del Consejo de Administración de Viajes Ceres, respectivamente, según consta en cartas firmadas y en el registro mercantil de Madrid. Los documentos contradicen la versión de ambos que, en carta enviada a EL PAÍS, han negado cualquier relación "como apoderados o directivos" con la compañía de viajes.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales (Inserso) autorizó a los interventores judiciales de Viajes Ceres la disponibilidad de fondos embargados por el juzgado a instancia de la empresa Enatcar, con lo que, según esta empresa, vulneró la Ley de Suspensión de Pagos. Asimismo liberó de sus avales a Viajes Ceres, sabiendo que no pagaba sus deudas. Otra irregularidad M caso Viajes Ceres -presuntamente vinculado a la financiación de] PSOE- es la falta de justificación, por los interventores judiciales, de la desaparición de 168 millones durante la tramitación de la suspensión, según los letrados de Enatcar.
La Empresa Nacional de Transportes por Carretera (Enatcar) ha exigido al Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid que investigue el presunto desvío de 833 millones de pesetas de la entidad viajes Ceres. -beneficiaria de las campañas de viajes para la tercera edad organizadas por el Inserso-, actualmente en suspensión de pagos, a Aparthotel Aguamar, una empresa filial de Filesa. Esta última firma fue presuntamente utilizada por el PSOE para financiarse.
El diputado del PP Ángel Mario Carreño presentó ayer en el juzgado de guardia de Madrid un escrito de denuncia contra Viajes Ceres, con el que trata de abrir para su partido una posible vía de actuación penal, de forma que pueda conocerse el destino de unos 3.000 millones entregados por el Inserso a la empresa de viajes.
El subdirector general de gestión del Inserso, Florián Ramírez, elaboró personalmente el informe que propició la concesión de un programa de la tercera edad para el periodo 1988-1989 a Viajes Ceres, que suponía unos ingresos de 3.377 millones de pesetas. Ese informe sustituyó al redactado por 16 técnicos del Inserso que en la mayoría de los apartados estimaban mejor la oferta de Viajes Cemo.
El Inserso pagó entre 1988 y 1989 por el programa de vacaciones para la tercera edad al menos unos 2.000 millones de pesetas a Viajes Ceres, vinculada a las empresas supuestamente financiadoras del PSOE -Filesa, SA, y Time Export, SA-, según las facturas aportadas al fiscal general del Estado, Leopoldo Torres. Una querella de Viajes Cemo por prevaricación contra el director del Inserso, Ángel Rodríguez Castedo, ha sido desestimada por la justicia. Viajes Cemo, que indica que perdió el concurso de 1988/1989, aunque recibió un "informe favorable", mantiene tres recursos contencioso-administrativos.
"El ministerio que dirijo no tiene potestad para investigar la composición de las empresas a las que adjudica servicios". Con estas palabras contestó Matilde Fernández, ministra de Asuntos Sociales, a los portavoces parlamentarios que le preguntaron ayer en el Congreso sobre las razones que motivaron que su departamento concediera la gestión de los programas de vacaciones para la tercera edad a Viajes Ceres y Viajes Iberia, empresas vinculadas a una presunta red de financiación irregular del PSOE.
El PSOE complica más el caso al reconocer que Distribuidora 2.020 pagaba sus alquileres
Viajes Ceres, la agencia turística vinculada a las empresas presuntamente utilizadas para financiar el PSOE y que organizó vacaciones para jubilados subvencionadas por el Inserso, está a su vez relacionada con otras sociedades radicadas en los paraísos fiscales de Luxemburgo e islas Jersey. Los acreedores de Ceres -hoteleros españoles de Baleares, Cataluña y Alicante- poseen un informe en el que se relacionan, entre otras cosas, las cuentas de la empresa en los citados paraísos fiscales. Este informe fue entregado "hace meses" a la ministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández, y ésta lo remitió a la Fiscalía del Estado, según señalaron fuentes conocedoras del caso vinculadas al negocio turístico. Ceres suspendió pagos en el verano de 1990.
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