Artur Mas intentó ayer calmar los ánimos de los empresarios catalanes preocupados por su apuesta soberanista. Coincidiendo con la firma del decreto de disolución del Parlamento y que fija las elecciones para el 25 de noviembre, Mas compareció por la mañana ante los periodistas con un mensaje que buscaba dejar claro que un eventual proceso independentista no debe implicar el aislamiento de Cataluña y que este debería hacerse siempre de forma “pacífica”. Ante el temor de un posible boicoteo a los productos catalanes, como ya ocurrió durante la tramitación del Estatuto, Mas insistió en destacar el carácter “pulcramente democrático” del proceso, en el que no hay lugar, dijo, a actitudes destructivas. Incluso empleó un lenguaje belicista poco habitual en él: “Nadie podrá utilizar las armas”, dijo en dos ocasiones, dejando claro que hablaba “en sentido figurado”. Mas no esgrimió ni un solo argumento económico para ganarse a los empresarios.

Las élites económicas catalanas ya han hecho llegar el mensaje al presidente de que su hoja de ruta puede provocarles graves perjuicios. En algunos casos el grado de sorpresa es mayúsculo, pues consideran que por primera vez Mas no escucha sus demandas y “va a la suya” con una apuesta política arriesgada que, entienden, debería contar con el concurso del mundo económico. Mas aseguró ayer que piensa intensificar el diálogo con los empresarios tras el descontento mostrado por parte del presidente de Abertis, Salvador Alemany; el presidente de Planeta, José Manuel Lara, y el de Vueling, Josep Piqué.

“No hay que confundir una declaración concreta con las del empresariado. No caeré en provocaciones. Lo peor es que nos peleemos entre nosotros”, dijo Mas anoche en una entrevista en TV-3 en la que elevó el tono y dio a entender que la consulta es irreversible por mucho que el Gobierno central pretenda elevar el caso al Tribunal Constitucional. Su intención es convocar el referéndum en la próxima legislatura, aunque de las elecciones del 25 de noviembre no surja una amplia mayoría soberanista. Por el contrario, el sábado sí que pidió esa mayoría para dar luz verde al proceso. “Pues igual llegamos a la conclusión de que hay que hacer la consulta y que habrá que jugársela”, planteó. Mas insistió en que el referéndum es imparable si es pacífico y democrático, aunque el PP insinúe que la Unión Europea no aceptaría el ingreso de Cataluña. “Nadie puede hablar por ella”, dijo. Y agregó: “Cuanto peor sean sus reacciones [desde el Estado] y más se les vea el plumero, más gente verá que este camino no tiene salida porque verán que se nos niega la voz y el voto”. En ese sentido, señaló que le parecería “inverosímil” que el Gobierno pueda recurrir al Ejército y que “le encantaría” negociar con el Gobierno el contenido de la pregunta de la consulta.

Según su opinión, el proceso no supone ningún “adiós a España” porque Cataluña no piensa “darle la espalda”. “Hablaremos en pie de igualdad”, afirmó. Pese a que ha coincidido dos veces con el rey Juan Carlos en las últimas semanas, Mas aseguró que no ha recibido ninguna insinuación de La Zarzuela para celebrar una entrevista: “Creo en el diálogo constructivo. Y el Estado tiene que ver el proceso como una emancipación. Es como el caso de mi hija, que se ha ido a vivir con su prometido. Hay leyes naturales y los marcos legales son los que deben ajustarse a la democracia”.

El presidente catalán aparcará hoy sus demandas soberanistas en la Conferencia de Presidentes, a la que acudirá más con ánimo de buscar un respiro económico para las finanzas de la Generalitat. Aun así, Mas señaló que no es incompatible promover la secesión con el rescate por 5.023 millones: “Cuando dicen que ese dinero es suyo es pura ficción. No podemos acceder a los mercados. Y Cataluña es un contribuyente neto con 15.000 millones que no vuelven”. Mas se propone que el Gobierno acepte un cierto “reequilibrio” entre los ajustes que deben acometer las autonomías, que asumen las políticas sociales, y la Administración central. Y que no puede pedirles un mayor esfuerzo del que se impone a él mismo: “Se nos carga más del 70% del esfuerzo cuando representamos cerca del 30% del gasto; vamos hacia un ajuste que no es justo”.