Es impresionante el auto del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, del 24 de abril de 2012, publicado en su día por este periódico en PDF, a propósito de la intervención en el caso de los ERE de un antiguo cargo de la Junta, sucesivamente viceconsejero y consejero de Empleo entre 2000 y 2010. Es una lectura muy interesante y necesaria, pero poco agradable. Trata del reparto de 647 millones de euros en ayudas a empresas y particulares, cantidad que algunos afectados juzgan intrascendente, sólo 647 millones (en pesetas 107.402 millones), y tienen razón, si pensamos en los presupuestos autonómicos a lo largo de una década, unos cientos de miles de millones de euros.

Según los indicios de que dispone la juez, Mercedes Alaya, la Consejería de Empleo inventó en el verano de 2001 una manera de usar los fondos públicos sin control de la Intervención General de la Junta de Andalucía y al margen de las normas de la Comunidad Autónoma, del Estado y de la Unión Europea. La pretensión de los gobernantes de la Junta, siempre según el juzgado, era “institucionalizar la arbitrariedad y la discrecionalidad en la concesión de las ayudas públicas”. La Consejería de Empleo suscribió para legitimar las ayudas un convenio con un instituto que dependía de la propia Consejería y que tenía como presidente al viceconsejero. Encuentro casi todo en Internet, pero no este convenio poderoso, fantasma y citadísimo, vencido en marzo de 2003 pero renovado silenciosa y automáticamente en los años sucesivos.

El auto de la juez menciona subvenciones a empresas a las que ni siquiera se les requería solicitud, ni proyecto económico, ni licencias, e incluso a “empresas pantalla, sin actividad ni trabajadores”. Cita nombres llamativos: Tierra Virgen, Arcadia Emprendedora, Capital Andaluz Siglo XXI. Una empresa de un solo trabajador recibe 450.759 euros (75 millones de pesetas) y desaparece. Y entonces empieza el capítulo de las ayudas sociolaborales, cuando la Junta decide cargar a discreción con el coste de las prejubilaciones en despidos colectivos. Lo que describe la juez parece un raro negocio: convertir en fuente de dinero el desmantelamiento de empresas, siempre a cargo de los fondos públicos. En esa industria participaban intermediarios, despachos de abogados, aseguradoras, sindicatos. El juzgado da cuenta de prejubilados que jamás habían trabajado en las empresas beneficiadas, y pormenoriza cantidades recibidas.

En contra de la juez, los máximos responsables de la Junta, los dos últimos presidentes, consideran legal el procedimiento utilizado para repartir dinero público. Si hubo errores en el procedimiento, no los ven graves. De los supuestos delitos que se cometían a la sombra del procedimiento (el convenio famoso), no sabían nada. Según informaban el otro día en estas páginas Lourdes Lucio y Javier Martín-Arroyo, el antiguo presidente Chaves estimó ante la comisión parlamentaria sobre el caso que “el convenio era sucinto, sí, escueto, sí, y con amplio margen de discrecionalidad, también, lo reconozco (…) Pero era legal”. Los dos presidentes, Chaves y Griñán (antiguo consejero de Economía), hoy conocen los efectos que produjo el procedimiento. Suponiendo que la Ley lo amparara y, visto que permitió lo que permitió, ¿no deberían haberse ocupado urgentemente, en la medida de sus posibilidades, de cambiar la Ley?

En todo caso, ni los presidentes ni su Consejo de Gobierno supieron nada del “fraude vergonzoso” que cometían “cuatro aprovechados, cuatro golfos”, algo que sugiere una incomunicación hermética entre las distintas consejerías, y entre personas que comparten Gobierno y sede parlamentaria y partido y tiempo libre. La juez, sin embargo, descubre en la lógica del reparto de fondos una trama entrañable de amigos, vecinos, parientes, socios y compañeros de partido.