El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decidido archivar la causa abierta contra los organizadores de la protesta 25-S Rodea el Congreso tras tomarles declaración esta mañana. Los ocho imputados estaban acusados de un delito contra las altas instituciones del Estado.

Pedraz pidió las actas del Congreso para comprobar si las protestas del pasado día 25 alteraron el funcionamiento del Congreso, en el que se estaba celebrando un pleno. En el auto el magistrado confirma que este hecho no se produjo. Y señala: "Es más, un diputado, en turno de fijación de posiciones, llegó a manifestar que 'el Congreso de los Diputados ha podido mantener su actividad hasta el momento con absoluta normalidad […]. La normalidad más allá de la esquina del paseo de Prado no es así, se han producido algunas detenciones y algunos alborotos, pero por lo que sabemos todos los diputados han podido acceder a la Cámara sin ningún problema".

Hoy siete de los ocho imputados han pasado por un espacio de tres minutos ante el juez, que solo les ha preguntado si tenían intención de impedir el normal discurrir de la sesión en la Cámara baja. A lo que todos ellos han contestado que no, que su intención era protestar contra la política de recortes del Gobierno. El juez concluye en su auto que archiva la causa "al no ser los hechos constitutivos de infracción criminal".

El octavo acusado, el granadino Antonio López, miembro de la plataforma En Pie!, se ha negado a declarar alegando objeción de conciencia, porque no estaba de acuerdo con los hechos que se le imputaban, y ha asegurado que no tenía ningún temor a ser detenido de nuevo.

López fue arrestado el pasado día 15 en la manifestación organizada por la Cumbre Social por llevar una pancarta en la que se podía leer "Ocupa el Congreso". El acusado ha asegurado que en ningún momento se pensó en cambiar el sistema, que era una metáfora del lema estadounidense: Ocupa Wall Street.

El juez argumenta que el artículo 493 del Código Penal castiga a los que  invadieren con fuerza, violencia o intimidación las sedes del Congreso de los Diputados. "Por obvio, este delito no pudo ser cometido por los aquí imputados, máxime si en la convocatoria no se dice nada al efecto ni algo parecido, teniendo en cuenta que invadir consiste en entrar violentamente en un lugar, que en el caso sería la sede del Congreso, lugar que, desde luego, no pueden ser (so pena de hacer una  interpretación extensiva del precepto, prohibida en Derecho Penal) las calles aledañas. No hay, en definitiva, indicio alguno que avale aquella intencionalidad de invadir", añade el auto.

HUELLAS DE LAS PROTESTAS. En la concentración de apoyo a los imputados del 25-S ha habido también heridos en las manifestaciones, como David R., de 35 años. Las marcas de la porra son visibles en su cuerpo. "Seguiré manifestándome, pero me tiemblan las piernas".

La causa ya tenía ayer visos de acabar en nada, tras renunciar el magistrado a su petición inicial a dos bancos de identificar a los manifestantes que financiaron la protesta. El magistrado abrió la causa tras recibir un atestado de la policía alertando de una rebelión.

Varias decenas de personas han tratado esta mañana de protestar ante la sede judicial, pero agentes de policía los han retenido a la altura del paseo de Recoletos (una manzana más abajo). Los simpatizantes del 25-S, que no han permitido que se les tome fotografías de sus rostros, han portado carteles y pancartas autoinculpatorias: "Yo también organicé el 25-S".

Ernesto, prejubilado de 60 años, portaba una pancarta que simula una medalla sobre la que ha escrito: "Medalla al valor de la ciudadanía". En el 76 y en el 77 le detuvieron por propaganda ilegal. "La Audiencia es como el Tribunal de Orden Público", ha defendido.

El júbilo estalló en la concentración cuando se anunció que "casi al 99%" se había archivado la causa. Los manifestantes estallaron en aplausos. "Sí se puede", corearon.

La declaración de los imputados por organizar las protestas de 25-S ha coincidido con el inicio de una investigación ordenada por Interior para esclarecer la irrupción de los antidisturbios en la Estación de Atocha, lo que provocó escenas de pánico entre los pasajeros.

Queda ahora por conocer qué pasará con las 35 personas que la juez de instrucción de los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid ha remitido a la Audiencia, tras apreciar que los delitos que se les imputan tras ser detenidos el pasado día 25 de septiembre pueden ser competencia de Pedraz, quien deberá decidir ahora si los devuelve nuevamente a los juzgados.