Dos firmas controladas por Joaquín Rivero y la familia Soler han presentado uno de los mayores concursos de acreedores de la historia empresarial española. Alteco y MAG Import, accionistas destacados de la principal inmobiliaria de Francia, Gecina, han acudido a los juzgados de lo Mercantil con un pasivo de 1.625 millones de euros, según fuentes financieras. Es un concurso de acreedores algo atípico porque los créditos estaban al corriente de pago hasta que una entidad francesa, Natixis, bloqueó la posibilidad de renovación del crédito sindicado en el que participan 13 bancos.

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Joaquín Rivero y Juan Soler, hijo de Bautista.

Las entidades más afectadas son la propia Natixis con 266 millones, seguida por el Banco Popular (264 millones), Bankia (234 millones), NCG Banco (217 millones) y Royal Bank of Scotland (212 millones). En total, los bancos españoles nacionalizados participan en el préstamo sindicado con 467 millones, porque a las cifras de Bankia y NCG Banco se unen otros 16 millones de Banco de Valencia. Buena parte del crédito está en manos extranjeras: Natixis, RBS, Caixa Geral y Eurohypo suman 732 millones del total del crédito sindicado de 1.627 millones.

El concurso de acreedores de las dos firmas es un capítulo más en la caída del imperio inmobiliario que se creó en torno a Metrovacesa antes de que una lucha accionarial provocase la división de la compañía y de que la crisis pusiese contra las cuerdas a sus socios. Las sociedades que entran ahora en concurso de acreedores, sin embargo, no habían tenido problemas hasta este año. Se trata de dos vehículos de inversión que, con datos de junio pasado, controlan una participación del 31% en Gecina, la mayor inmobiliaria de Francia, que tiene un valor en Bolsa de unos 5.000 millones de euros y un patrimonio inmobiliario valorado en unos 11.600 millones de euros.

Con ello, el importe del crédito está casi cubierto por completo con las acciones que le sirven de garantía. De hecho, hasta este año, las sociedades de Rivero y Soler habían venido pagando todos los intereses y parte del principal y de ese modo habían reducido el importe del préstamo sindicado en unos 600 millones de euros.

Del acuerdo al concurso

En abril, Rivero y Soler llegaron a un acuerdo con la banca acreedora para refinanciar por dos años y medio el crédito sindicado, pero los bancos del crédito sindicado pusieron tres condiciones: una, un plan de viabilidad; dos, una opinión favorable de un experto independiente; y, tres, el levantamiento por parte de un juez francés de un embargo que pesaba sobre los dividendos que pagaba Gecina a las dos sociedades de los inversores españoles.

Las dos primeras condiciones se cumplieron, pero la tercera no dependía de Rivero y Soler y es la que ha impedido que la refinanciación se haga efectiva. Para que el juez francés levantase ese embargo era necesario un recurso que, sin embargo, se demoró, de modo que se superó el plazo. Ese embargo es consecuencia de una denuncia que pesa desde hace cuatro años sobre Joaquín Rivero por algunas operaciones realizadas cuando presidía Gecina. Se trata, principalmente, de la compra del 49% de Bami, que fue aprobada por el Consejo de Gecina por mayoría con la abstención de quienes tenían conflicto de intereses, y la compra de un solar en la Costa del Sol a Metrovacesa que no pasó por la junta de accionistas de la francesa como exigía la norma, aunque allí hubiera sido aprobada sin problemas porque la española contaba con una amplia mayoría del capital.

Natixis fuerza la caída

Todos los bancos del préstamo sindicado aceptaban que se extendiese el plazo para cumplir esa condición hasta que se resolviese el embargo sobre los dividendos, con la excepción del francés Natixis, según fuentes conocedoras de las negociaciones. Como hacía falta unanimidad, los bancos declararon el crédito vencido y las dos sociedades decidieron acogerse inicialmente al preconcurso de acreedores, con lo que se abría un plazo de tres meses para negociar. Al haber transcurrido ese plazo sin haberse alcanzado ningún acuerdo, Alteco y MAG Import han dado el paso de solicitar el concurso de acreedores, el quinto de mayor importe de la historia empresarial española, solo por detrás de los de Martinsa-Fadesa, Habitat, Sacresa y el conjunto de empresas del grupo Nueva Rumasa.

La presentación de la solicitud de concurso paraliza momentáneamente la ejecución de las garantías. Ahora, el juez deberá decidir si suspende esa ejecución a la espera de que se levante el embargo de los dividendos y haya un acuerdo con la banca acreedora o si da luz verde a la ejecución de la prenda sobre las acciones de Gecina, con lo que los bancos del sindicato pasarían a ser accionistas de la inmobiliaria francesa.

La banca ya es, indirectamente, el principal accionista de la inmobiliaria francesa, ya que los bancos acreedores se quedaron con casi todo el capital de Metrovacesa, que cuenta con un 27% de Gecina. Las acciones de la compañía francesa cotizan en Bolsa ligeramente por encima de los 80 euros, pero el valor neto de sus activos (una referencia clave en el sector inmobiliario) está en torno a los 105 euros por acción.