La opinión pública argentina siempre ha sido notoriamente veleidosa. Es propensa a erigir ídolos –Raúl Alfonsín, Carlos Menem– para entonces derribarlos, sobre todo si se cree víctima de propaganda engañosa. Así las cosas, debería de sentirse preocupada la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Aunque según las encuestas sigue contando con la aprobación de una parte sustancial de la sociedad, en los meses últimos ha perdido mucho terreno a pesar de sus esfuerzos por conservarlo aprovechando el trigésimo aniversario del comienzo de la guerra de Malvinas y apoderándose de la mayoría de las acciones en YPF de la petrolera española Repsol. Por lo demás, en amplios sectores está difundiéndose la sensación de que la desaceleración económica que está haciéndose sentir es consecuencia no tanto de la debacle europea, como quisieran hacer creer los comprometidos con el modelo kirchnerista, cuanto de la rapacidad extraordinaria de un gobierno que "va por todo" sin respetar ningún derecho ajeno y que, entre sus integrantes más locuaces, incluye a personajes que se destacan por su soberbia.

Acaso los más indignados por la actitud arrogante que atribuyen a los kirchneristas sean los productores rurales bonaerenses, los que han llamado a un paro de protesta contra las medidas que acaba de tomar el gobernador Daniel Scioli, y aquellos porteños que están participando de cacerolazos que se convocan a través de las redes sociales. Aunque nadie ignora que el revalúo rural fue impulsado por Scioli, la presidenta asumió parte de la responsabilidad al acusar a los agricultores de "especular" motivados por "la avaricia", de tal modo asegurando que, como sucedió cuatro años atrás, se sientan blancos de una ofensiva encabezada por una presidenta fiel a una corriente ideológica que disfrutó de cierta popularidad en los años setenta del siglo pasado. Pues bien, de reconstituirse la alianza del campo con una franja significante de la clase media, alianza que en el 2008 hizo tambalear el gobierno de Cristina, el país está por entrar en un período que se verá signado por la crispación creciente. Aunque hasta ahora los cacerolazos que se han dado en distintos barrios porteños han sido poco impresionantes, no podrán sino adquirir dimensiones mayores en las semanas próximas si voceros oficiales, como el senador Aníbal Fernández, continúan formulando declaraciones provocativas que, a juicio de muchos, expresan el desprecio que presuntamente sienten por quienes no comparten su entusiasmo fervoroso por el proyecto kirchnerista. Por cierto, a los comprometidos con la gestión de Cristina les convendría medir sus palabras, ya que, en situaciones como la actual, una frase desafortunada podría tener un impacto negativo muy fuerte.

El "cepo cambiario" o "corralito verde" que se ha establecido con el propósito de impedir que la gente siga comprando dólares, lo mismo que las barreras comerciales que están perjudicando tanto a las muchas empresas que necesitan insumos importados, es evidencia de la gravedad de la crisis económica que se ha iniciado y que parece destinada a profundizarse, prolongándose por mucho tiempo. Al fin y al cabo, Cristina y sus colaboradores entienden muy bien que han enojado sobremanera a la clase media urbana, ya que ellos mismos están tan habituados como el que más a "pensar en dólares", pero sucede que son conscientes de que la alternativa, un ajuste generalizado, tendría costos políticos todavía mayores. Puesto que el gobierno es reacio a reducir su propio gasto por miedo a la reacción de los estatales, de quienes dependen de los aparatos clientelares mantenidos por el oficialismo y de los acostumbrados a recibir subsidios, ha tenido que aumentar nuevamente la presión impositiva al campo, de ahí el drama que está protagonizando Scioli que, para pagar a los empleados públicos de su jurisdicción, se ha visto obligado a arriesgarse haciendo frente a los productores rurales. Huelga decir que Scioli dista de ser el único mandatario provincial que se encuentra en apuros, ya que casi todos los gobernadores han tenido que depender en buena medida de lo que logran recaudar en sus propios feudos porque no les es dado conseguir créditos a tasas soportables en los mercados internacionales y porque, aun cuando sean kirchneristas leales, el gobierno nacional se resiste a enviarles los fondos que están reclamando.