VIEDMA (AV)- El joven imputado por el homicidio del policía Andrés Lucanera deberá enfrentar un juicio ordinario. La Cámara del Crimen no compartió el monto de la pena, rechazó el acuerdo de las partes en el juicio abreviado y remitió las actuaciones a los jueces subrogantes para un juicio común por el delito de "homicidio en ocasión de robo en concurso ideal con portación de arma de uso civil".

El 14 de este mes se realizó la audiencia en el marco del juicio abreviado con el acuerdo de las partes -defensora oficial, defensora de Menores y el imputado- en la calificación y la pena de seis años de prisión efectiva propuestos por el Fiscal de Cámara, Juan Ramón Peralta. Además el joven admitió ser el autor del hecho, otro de los requisitos para llegar a esa modalidad de juicio.

Al joven de 18 años recién cumplidos se le imputa haber sido quien en la tarde del 29 de mayo de 2011 en calle 10 del barrio Lavalle y con la intención de apoderarse de dinero y bienes, se acercó a la camioneta que transitaba a muy baja velocidad y aproximadamente a un metro disparó el arma de fuego que portaba impactando en la cabeza de Lucanera, quien murió al día siguiente. Su familia donó sus órganos, cumpliendo con su voluntad.

La familia del policía se opuso al juicio abreviado pero por ser menor el joven imputado al momento del hecho no pudieron trasformarse en querellantes. El jueves se movilizaron en Viedma, haciendo público el rechazo. Por otra parte, en el mediodía de ayer y antes de subir al imputado a la sala de audiencias por la lectura de la sentencia, la custodia del penal donde se encuentra alojado lo revisó y encontró entre sus ropas un trozo de metal con punta, lo que en la jerga carcelaria se denomina "faca".

La resolución del Tribunal integrado por los camaristas Eduardo Giménez, Roberto Maturana y Ernesto Rodríguez aclaró que el imputado se encuentra comprendido dentro de lo que la ley aprecia como menor punible y de allí la posibilidad de aplicar pena "pero las consideraciones vertidas sobre la imputabilidad en general resultan útiles para decidir esa aplicación y su monto, significando ello que se acentúan aquí las expectativas resocializantes que informan la función punitiva estatal y la obligación para el juzgador de extremar el análisis de las condiciones personales, familiares y sociales del menor a juzgar."

Giménez agregó que "sería hipócrita exigir conductas ejemplares a quienes condenamos a la ausencia de oportunidades y al olvido. Cierto es también que resulta adecuado, justo y legal penar la transgresión a las normas establecidas, pero lo será justamente hacerlo en consideración a lo que entiendo comprendido en la previsión del Código Penal, cuando habla de tener en cuenta la edad, educación … y motivos que lo llevaron a delinquir. Sobre esto último, se argumentó que no hubo motivos, pero a lo que me refiero es al contexto personal y social en el que se desenvuelve el hoy juzgado."

Opinó que "debe aplicarse una sanción, pues entiendo que ello resulta necesario a la luz de la modalidad del hecho, resultado del tratamiento tutelar e impresión directa que del menor he recogido".

Giménez destacó la gravedad del hecho que desnuda la absoluta ausencia de motivación que pudiera entenderse como detonante o disparador", interpretando que el monto de la pena propuesta "en el acuerdo resulta exiguo al acercarse excesivamente al mínimo de la escala penal prevista, en consideración a la modalidad del injusto en reproche, resultado del tratamiento tutelar a que fuera sometido el menor y la imposibilidad de este tribunal de elevar ese monto, pues así lo prohíbe el rito".

Ayer, el gobernador Alberto Weretilneck se manifestó "reconfortado" por la decisión de la Cámara del Crimen.