Periodismo sin periodismo

Por Julio Petrarca

Cosa rara los medios de la capital argentina, que tienen entre manos el caso policial-político más escandaloso y caliente de los últimos años y lo reducen al perverso juego en el que el Gobierno y un sector del periodismo pujan por ser uno más faccioso que el otro.

En todo país con instituciones serias, en los que una prensa seria aborda seriamente los temas serios, el caso de la joven que denuncia a su propio padre como jefe de una organización mafiosa dedicada a la prostitución y la trata internacional de mujeres, aportando a la Justicia datos apabullantes de la complicidad o silencio de políticos, policías, funcionarios públicos y miembros de la Justicia, originaría una feroz disputa profesional por investigar cada rincón del tema para revelar lo oculto. Aquí no parece ser así.

La muchacha le aportó a quien dio la primicia –ese buen profesional que es Raúl Kollman– datos reveladores de connivencia del denunciado con buena parte de la cúpula de la Policía Federal (comisarios, directores de área), con la Justicia (su profunda amistad con Norberto Oyarbide, el juez en cuyas manos recayó el caso y que, escandalosamente, no se excusó de inmediato) y con funcionarios de la Ciudad, incluyendo al jefe de Gobierno Mauricio Macri. La primera nota de Kollman en tapa de Página/12, el lunes 9, guardó equilibrio en su texto y en la forma de titular. Así, los palos venían repartidos. El martes, el tema fue a parar a la página 15. En los demás medios oficiales, oficiosos y “de la vereda de enfrente”, nada. Ni Clarín, ni La Nación, ni Crónica, ni Tiempo Argentino tocaron el tema hasta el jueves, cuando el eje se desplazó hacia el campo de batalla político.

Para los medios oficialistas, Macri tiene que dar explicaciones que no les exigen a los otros actores; para los de la “opo” o “corpo”, Oyarbide tiene que apartarse y casi no mencionan a Macri. Ayer no se hablaba del proxeneta y sus crímenes.

Ninguno de esos medios dice que deben ser todos –Macri, Oyarbide, los comisarios y funcionarios públicos acusados de recibir dádivas o coimas– los que tienen que dar explicaciones, renunciar o ser echados de sus cargos. Así, no es.