Dos mil españoles se movilizaron el martes, Día de la Constitución en España, para manifestarse a favor de la instauración del sistema republicano y en contra de la monarquía. Entre las muchas consignas que se escucharon o se vieron en pancartas prevaleció la que decía: “¡El yerno del Borbón a la cárcel por ladrón!”.

Se referían al Iñaki Urdangarín, duque de Palma, esposo de la infanta Cristina y envuelto desde hace semanas en un laberíntico escándalo judicial por malversación de fondos públicos, y sobre el cual quedó imputado, según las últimas noticias. Las últimas novedades del caso incluyen nuevos contratos millonarios desembolsados en “paraísos” fiscales y la ayuda de políticos para conseguir clientes.

Urdangarín es sospechoso de desvío de dinero público mediante dos contratos empresariales que firmó con el gobierno de las Islas Baleares (2,3 millones de euros) y otros cuatro contratos con el gobierno valenciano y el Ayuntamiento de Valencia (3,7 millones de euros). Todo, firmado en nombre de la organización sin fines de lucro Noós (fundado en 1999), que presidió desde 2003 y que se dedicaba a organizar eventos institucionales.

La infanta Cristina, por su parte, no será imputada porque, pese a que ella y su secretario, Carlos García Revenga, figuraron entre los directivos de Nóos hasta 2006, los investigadores judiciales consideran, con toda la documentación analizada, que estaban “apartados del conocimiento del área financiera” y fuera del “círculo cerrado de toma de decisiones” del entramado que dirigía su marido.

Los informes judiciales atribuyen a Urdangarín y a Diego Torres (su principal socio) la formación de una red que captaba fondos estatales y los desviaba hacia empresas de su propiedad. Según el diario EL PAÍS, en los contratos que conseguían a través de Nóos “se fijaban unos precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban”. Como afirman los testimonios de empresarios llamados a declarar, esto lo conseguían con la ayuda de políticos del Partido Popular (PP), quienes facilitaban citas o contactos directos con empresarios y entidades sociales privadas.

Según el diario Público, durante más de 9 años y gracias a la conexión con 103 clientes, la red Urdangarín-Torres logró mover más de 16 millones de euros. Casi el 40% de los ingresos totales salieron de las arcas públicas como las de varios gobiernos autonómicos o ayuntamientos españoles.

El fiscal también acusa a Urdangarín de evasión a paraísos fiscales de Belice y el Reino Unido. Los fiscales calculan que Urdangarín y Torres se llevaron al menos 650.000 euros a Belice y otros paraísos fiscales vinculados al Reino Unido. Por otra parte, Diego Torres lleva seis meses imputado por falsedad documental, prevaricación, fraude a la Administración y malversación de fondos públicos.

Cerca de una treintena de testigos -interrogadas por la Fiscalía Anticorrupción y la Policía del Grupo de Delincuencia Económica en Barcelona, Palma y Valencia- contaron su experiencia con Nóos y sus negocios turbios.

La noticia de la imputación del “yernísimo” llega en momentos complicados para el rey Juan Carlos, aquejado por sus problemas de salud, la inquietud social y la crisis financiera. Al mismo tiempo, se supo estos días que los funcionarios del palacio real están estudiando seriamente la posibilidad de “limitar” el número de miembros de la Familia Real y retirar tanto asignaciones monetarias como actividades a las hijas del rey, Elena y Cristina. Así, sólo los Reyes, los príncipes Felipe y Letizia, y las dos hijas de éstos cumplirían obligaciones oficial y vivirían exclusivamente del presupuesto (8,4 millones de euros) que el Estado asigna a la Monarquía, y que el rey Juan Carlos distribuye libremente.

Las infantas Elena (divorciada hace 3 años) y Cristina reciben una parte de ese presupuesto, en proporción a los actos oficiales en los que participan. Y es precisamente porque esa cantidad no equivale a un sueldo, que ellas compatibilizan sus obligaciones reales con otras actividades económicas en empresas privadas, lo que quizá llevó a Urdangarín -si la justicia lo comprueba- a buscar ingresos monetarios por otros medios.

* Especial para Perfil.com