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Ya se ha explicado la relación especial con Brasil establecida por el gobierno argentino en época del presidente Juscelino Kubitschek y que se consolidara en el tratado de Uruguayana firmado con su sucesor Janio Quadros. Como se recordará, en Uruguayana se acordó un régimen de consulta previa obligatoria para las cuestiones de la cuenca del Plata, dentro de un contexto que postulaba el diseño de una política concertada en asuntos interamericanos y de cooperación económica y financiera internacional. Al efecto se estableció un comité permanente de nivel presidencial para el estudio de los temas, que tuvo oportunidad de operar con vistas a la reunión del Comité Interamericano Económico y Social en Punta del Este. (1) 
   
Según menciona Lanús, antes de la reunión del CIES el gobierno argentino llevó a cabo, a través del canciller Carlos Florit, activas gestiones con el presidente Janio Quadros y el canciller Santiago Dantas para establecer una posición en común. El canciller Florit realizó tres viajes de carácter confidencial: uno a Brasilia, en el cual entrevistó al presidente Quadros; un segundo a San Pablo, donde junto con el embajador argentino Carlos Muñiz también conversó con el presidente Quadros; y por último, otro a Petrópolis con el propósito de entrevistar al canciller Dantas. En la última reunión, que se desarrolló pocos días antes de la conferencia de Punta del Este, y en la cual también estuvo presente Muñiz, se acordó la acción que ambos países sostendrían respecto del caso cubano. Esta conjunción de la política argentino-brasileña había dejado “atónito” -según palabras del presidente Quadros- al embajador Adlai Stevenson. (2) El gobierno de Quadros también invitó a la Argentina a formar parte del comité consultor de la represa de Ururupungá, en el estado de San Pablo, y a colaborar en los estudios previos para la represa de Sete Quedas.  
    En el caso de Chile, una vez más las cuestiones de límites provocaron problemas en la relación bilateral. Al norte del estrecho de Magallanes, entre otros incidentes menores, se produjo el conflicto de Mina Julia -un yacimiento mineral explotado a ambos lados de la frontera- y el del valle del Palena, por la falta de acuerdo en el trazado de la línea de frontera en una zona utilizada para pastoreo. El primero se solucionó mediante una transacción de Fabricaciones Militares que tenía la explotación del yacimiento del lado argentino. El segundo fue derivado a la Comisión de Límites, y, en caso de desacuerdo, sería llevado a un limitado arbitraje técnico. (3)  
    El conflicto en el canal de Beagle fue de mayor relevancia. Este se había iniciado con la sustitución violenta de una baliza argentina por una chilena en el islote Snipe, ubicado en la zona media de la boca oriental del canal. El canciller Florit y el secretario de Marina, Adolfo Estévez, resolvieron la ocupación del islote por una pequeña fuerza de infantería que removió la baliza chilena, junto con la emisión de una declaración pública manifestando la determinación argentina de mantener la ocupación hasta lograr el reconocimiento por parte del gobierno chileno del carácter litigioso del islote. Finalmente, el incidente se dio por concluido el 17 de agosto de 1958 con la suscripción de una declaración conjunta que retrotraía la situación en el islote Snipe a la existente antes de enero de ese año, y reafirmaba la intención de recurrir a los medios de solución pacífica de las controversias internacionales. Las balizas fueron desmanteladas, estableciéndose que éstas en el futuro no serían de ninguno de los dos países, y se retiraron los infantes de marina. (4)
   
Poco después, con motivo del viaje del presidente argentino a Chile en febrero de 1959,  los presidentes Frondizi y Jorge Alessandri suscribieron la Declaración de Los Cerrillos, en la que se establecía que todos los problemas limítrofes serían sometidos a arbitraje y se expresaba la determinación de evitar en el futuro que estos asuntos obstaculizaran la convivencia y la prosecución de las tareas en favor de la integración política y económica de América. 
    A partir de ese momento, las cancillerías de ambos países trabajaron para lograr un acuerdo en las cuestiones de límites. Ambos presidentes trataron de evitar que se produjeran incidentes que malograran las negociaciones, impartiendo instrucciones simultáneas a los funcionarios de sus gobiernos de abstenerse de realizar actos que pudieran perturbar las relaciones amistosas. El intercambio de notas realizado entre 1959 y principios de 1960 permitió llegar a un entendimiento completo sobre las “bases de acuerdo”. De esta manera, el 22 de marzo de 1960 en Santiago de Chile, Frondizi y Alessandri firmaron la Declaración Conjunta sobre Arbitraje, comunicando que habían alcanzado un acuerdo respecto de las bases para la solución pacífica de las cuestiones de límites pendientes. El acuerdo disponía someter al arbitraje de la reina Isabel II de Gran Bretaña (o en su defecto del presidente de la Confederación Helvética) el litigio en la zona de Río Encuentro (Palena-California), y a la decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya el diferendo en el canal de Beagle. Los presidentes acordaban también que en los ciento veinte días siguientes debían firmarse los instrumentos que legalizaran el acuerdo logrado. (5)  
    Por último, el 12 de junio de 1960 el canciller argentino Diógenes Taboada y el embajador chileno Sergio Gutiérrez Olivos firmaron cuatro acuerdos que la tradición ha denominado los “Pactos del Sesenta”. Estos fueron los siguientes: a) el Protocolo de Arbitraje en la región del río Encuentro, por el cual se sometía a la decisión de la reina de Gran Bretaña la interpretación del laudo arbitral que dictara el rey Eduardo VII en noviembre de 1902, con el propósito de determinar la posición de la línea fronteriza en dicha zona; b) el Protocolo sometiendo a la Corte Internacional de La Haya la cuestión de las islas Nueva y Picton. El canal de Beagle era dividido por la línea media “con las inflexiones necesarias para que ambos países queden con aguas propias navegables en toda la extensión de la parte así dividida”. La isla Lennox y los islotes adyacentes quedaban para Chile y se sometía a la Corte de La Haya la cuestión de soberanía sobre las islas Picton, Nueva y otros islotes; d) el Acta Adicional al Protocolo del 16 de abril de 1941 sobre revisión, reposición y densificación de hitos, por el cual se establecía que cualquier problema en la colocación de los hitos debía ser elevada al árbitro británico; y e) el Convenio de navegación en los canales fueguinos, disponiendo que se realizaría libremente -sin prácticos- el paso inocente de barcos de guerra argentinos por la ruta entre el canal de Beagle y el estrecho de Magallanes o por ruta directa a través del canal Murray entre el Beagle y el pasaje Drake. Se convino además que los acuerdos serían presentados para su ratificación primero al parlamento chileno. Al poco tiempo, el Senado chileno rechazó el convenio sobre navegación, y esto obstaculizó el tratamiento de los demás acuerdos, dado que la negociación había sido concebida integralmente. (6)  
    Por otra parte, en febrero de 1960, se firmó el Tratado de Montevideo, que conformaría la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). En este tratado, la Argentina compartió con Brasil el criterio de que los intercambios de los países de la región debían apuntar a incentivar los desarrollos nacionales, a fin de que, una vez lograda una integración nacional previa, se pudiera alcanzar la integración económica regional o mercado común. El comercio de productos industriales, para reemplazar aunque fuera parcialmente el intercambio tradicional con Brasil, que consistía en bananas y café por carne y trigo, fue uno de los objetivos propuestos por un grupo de jóvenes economistas de ambos países. (7) 
    Cuando el Tratado de Montevideo entró en vigencia, el 1º de junio de 1961, los siete socios fundadores eran: Argentina, Brasil, Chile, Perú, Paraguay, México y Uruguay. Posteriormente se adhirieron otros cuatro países: Colombia y Ecuador en 1961, Venezuela en 1966 y Bolivia en 1967. La ALALC, con sede en Montevideo, era dirigida por una conferencia anual en la que sus miembros trataban de gestionar la liberalización del comercio. El Comité Ejecutivo Permanente, compuesto de representantes de los países miembros, ponía en ejecución las decisiones tomadas en la conferencia. (8)  
    Los objetivos de la ALALC, fijados en el Tratado de Montevideo, eran “establecer gradual y progresivamente, un mercado común latinoamericano” y, para sus miembros, “aunar esfuerzos para alcanzar la complementación e integración progresivas de sus economías sobre la base de una efectiva reciprocidad de beneficios”. La ALALC no encaró la uniformidad de aranceles aduaneros frente al exterior; en realidad, buscó establecer únicamente una zona de libre comercio en la cual los países eliminaran aranceles y otras restricciones al intercambio entre ellos. La eliminación de las barreras comerciales debía conseguirse gradualmente en un plazo de doce años que expiraría en 1973. Luego de que el tratado entrara en vigencia, algunos miembros se resistieron a ciertas reducciones de aranceles. Por ejemplo, la Argentina colocó una barrera tarifaria para proteger su industria del acero de la competencia chilena; a esto Chile respondió subiendo los aranceles de sus productos agrícolas. En otros casos, los problemas surgieron debido a los diferentes niveles de desarrollo económico entre los países miembros.  
    Por otro lado, con Uruguay se suscribió el 7 de abril de 1961, en Montevideo, el Tratado de límites sobre el Río Uruguay. La cuestión estaba pendiente desde 1916, cuando un tratado al respecto no había recibido la ratificación de ninguno de los dos países. El tratado estableció el límite sobre las aguas, la adjudicación de las islas, el régimen de navegación y el aprovechamiento del río para uso industrial. El acuerdo concilió la posición argentina de determinar el límite por el thalweg del río, con la uruguaya de establecerlo por la línea media del curso del río. La navegación sería libre para los buques de todas las banderas. El gobierno argentino ratificó el tratado en octubre de 1961, y el gobierno uruguayo lo hizo posteriormente, en enero de 1966.Las diferencias entre el gobierno argentino y el venezolano tenían que ver con la residencia de Perón en ese país y las negociaciones políticas que éste realizaba desde allí. (9) 
    En mayo de 1961, el presidente Frondizi realizó una visita a Bolivia. La declaración conjunta emitida en La Paz el 27 de mayo por Frondizi y Víctor Paz Estenssoro ratificaba la decisión de los dos países de luchar por la defensa de los principios fundamentales del sistema continental. Se reafirmaban como principios inherentes al sistema interamericano, la preservación de la democracia representativa y la defensa de las libertades y derechos de la persona humana. Se señalaba además que los principios políticos de los países americanos y la consolidación de las formas de vida occidentales sólo serían posibles con una ofensiva frontal e implacable contra el subdesarrollo. El presidente Frondizi ratificaba la firme decisión de su gobierno de concluir en un plazo de tres años el ferrocarril Yacuiba-Santa Cruz, confirmando la disponibilidad de los fondos para esa obra y para la carretera Orán-Tarija. El presidente argentino también manifestó que su país estaba dispuesto a considerar el aumento de los volúmenes de importación de petróleo boliviano y estaba interesado en adquirir los excedentes de gas natural. Se consideró también la necesidad de coordinar una política petrolera común y las posibilidades de adquisición argentina de minerales, manganeso, azufre, estaño y plomo. Al gobierno boliviano le interesaba asegurarse el mercado argentino para la colocación del hierro que se obtendría del yacimiento del Mutún. Se reconocían las dificultades que enfrentaba Bolivia para su incorporación a la zona de libre comercio creada por el Tratado de Montevideo y el presidente argentino se comprometía a realizar esfuerzos para contribuir con el aporte argentino al desarrollo económico de Bolivia. (10)  
    Por último, con Perú se suscribió en 1958 un tratado de comercio, estipulando la rebaja recíproca de aranceles, y que fue considerado como el primer paso con vistas al establecimiento de una zona regional de libre comercio. (11)

  1. C. Florit, op. cit., p. 146.

  2. J.A. Lanús, op. cit., I, p. 252.

  3. Véanse los problemas con los países vecinos en C. Florit, op. cit., pp. 147-149.

  4. C. Florit, op. cit., pp. 147-148; J.A. Lanús, op. cit., II, pp. 222-223 y 254, n. 6.

  5. J.A. Lanús, op. cit., II, p. 223; Miguel A. Scenna, Argentina-Chile. Una frontera caliente, Buenos Aires, Ed. de Belgrano, 1981, pp. 174-175. Las gestiones desarrolladas entre 1959 y 1960 comprendieron las propuestas de la cancillería chilena incluidas principalmente en las Notas Nº 494/57 del 31 de marzo de 1959 y 12996, 12997 y 12998 del 5 de septiembre del mismo año que fueron entregadas, en el primer caso, por el embajador chileno, Sergio Gutiérrez Olivos, al canciller argentino; y en el segundo caso, por el canciller chileno al embajador argentino, Enrique Nores Martínez.El 19 de marzo de 1960 se firmó en Buenos Aires un memorándum respecto de las “bases de Acuerdo”, y el 22 de marzo se suscribió otro en Chile sobre el mismo tema. J.A. Lanús, op. cit., II, p. 254, n. 9.

  6. J.A. Lanús, op. cit., II, pp. 224-226; M.A. Scenna, Argentina-Chile, op. cit., p. 175.

  7. C. Florit, op. cit., p. 149.

  8. G. Pope Atkins, América Latina en el sistema político internacional, Buenos Aires, GEL, 1991, pp. 257-259; Arthur P. Whitaker, The United States and the Southern Cone, Cambridge, Harvard University Press, 1976, pp. 405-406.

  9. María Laura San Martino de Dromi, Historia política argentina (1955-1988), Buenos Aires, Astrea, 1988, tomo 1, pp. 173-175.

  10. Declaración conjunta emitida el 27 de mayo de 1961 por los presidentes de Bolivia y la Argentina, al término de las conversaciones mantenidas en La Paz, en Arturo Frondizi, Visita a la República de Bolivia, Buenos Aires, Presidencia de la Nación, 1961, pp. 55-64.

  11. C. Florit, op. cit., p. 149.

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