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VERSION EN CASTELLANO
Elecciones transparentes ¿libres?
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| HERALD STAFF |
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ENGLISH VERSION
Is a fair vote free?
The various protests being raised against possible electoral fraud in the October 28 elections and the precautions being taken to accommodate them by the National Electoral Court both seem to miss the point in many ways. These fears first became an issue following last month’s cliffhangers in Córdoba and Chaco (with the latter resolved only this week in favour of Peronist Jorge Capitanich) but none of the opinion polls for national voting would seem to suggest that the ruling party is in any need of such direct cheating.
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Tanto las diversas protestas realizadas contra el posible fraude electoral en las elecciones del 26 de octubre como las precauciones tomadas en respuesta por parte de la Cámara Electoral Nacional parecen confundirse de muchas maneras. Estos miedos se convirtieron por primera vez en un tema de discusión luego de las reñidísimas elecciones en Córdoba y Chaco el mes pasado (con este último caso resuelto recién esta semana a favor del peronista Jorge Capitanich), pero ninguna de las encuestas de opinión para las elecciones nacionales parece sugerir que el oficialismo necesite hacer trampa de formas tan directas. Dos de las tres precauciones principales implican permitir que fiscales partidarios supervisen la carga de los datos para el recuento electrónico de votos así como el envío de las boletas hacia los centros de votación, para asegurarse de que todos los partidos estén representados. Pero ambas precauciones no responden la pregunta de cómo irán a conseguir los múltiples partidos de una oposición fragmentada los fiscales para cubrir las casi 100.000 mesas electorales una vez que todas las boletas hayan llegado y de que se haya verificado el software electoral: si los encuestadores a menudo se quejan de la imposibilidad de cubrir ciertos barrios peligrosos del Gran Buenos Aires para sus encuestas, ¿qué oportunidades tendrían los fiscales de la oposición, aun los de los partidos que pudieran reunir 100.000 personas para realizar la tarea?
La tercera iniciativa judicial para asegurar elecciones justas es presionar al Ministerio del Interior para que acelere la transferencia de los fondos que el Estado aporta para las campañas de los distintos partidos, pero la necesidad de semejante pedido destaca un problema que elimina cualquier igualdad de condiciones incluso si se contara con la más limpia de las maquinarias electorales: el uso discrecional de fondos nacionales a favor de los propios intereses del gobierno. ¿De qué otra forma se explica el hecho de que los gobernadores sobrevivientes del principal partido oppositor, el radicalismo, estén firmemente alineados detrás del Presidente Néstor Kirchner, con el gobernador de Mendoza Julio Cobos apareciendo como compañero de fórmula de la candidata presidencial Cristina Fernández de Kirchner?
En resumidas cuentas, tomar todas las precauciones posibles sobre cómo votan las personas no cubre por qué votan las personas: hay una cultura política de clientelismo y paternalismo que imposibilita un voto genuinamente libre, sin importar cuán transparente pueda ser la votación. En el análisis final, esta erupción de activismo judicial puede no ser siquiera la mejor manera de resolver problemas que son mucho más políticos y culturales: recurrir a las presentaciones judiciales puede ahorrarle al país una elección fraudulenta, pero no hace nada por crear un sistema político maduro.
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