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ENGLISH VERSION
Blank cheque for the shady
Crime and inflation, two of the biggest worries on the public mind, might seem to be entirely different fronts but there is a relationship precisely in the criminal way the inflation data are being manipulated by the government. The essence of any successful crime-fighting strategy is to drive firmly home the message: “Crime does not pay” but the combination of last weekend’s opinion poll results for this month’s presidential elections with Argentina’s disgracefully low ranking in Transparency International’s worldwide corruption league suggests very strongly that crime pays in politics at least.
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El delito y la inflación, dos de las más grandes preocupaciones del público, parecen ser dos frentes completamente distintos, pero existe una relación precisamente en la manera criminal en que el gobierno manipula los datos de la inflación. La esencia de toda estrategia para combatir el delito es dejar bien en claro el mensaje “el delito no da rédito”, pero la combinación de los resultados de las encuestas del último fin de semana para las elecciones presidenciales de este mes con el puesto vergonzosamente bajo de la Argentina en los índices mundiales de corrupción presentados por Transparencia Internacional indica de manera muy convincente que el delito sí da rédito, en la política al menos. Un sondeo de opinión impecablemente neutral el fin de semana pasado atribuyó el 39,8 por ciento de los votos a la candidata del partido oficialista Frente para la Victoria, Cristina Fernández de Kirchner, 28 puntos por delante de su rival más inmediata (Elisa Carrió, de la Coalición Cívica) y con más apoyo que el resto de los demás candidatos presidenciales juntos (está claro que fue un trabajo honesto ya que una encuesta kirchnerista sin duda habría encontrado la manera de empujar los votos de la primera dama por encima de la cifra mágica del 40 por ciento). El ranking bajo de Transparencia (que ubica a la Argentina al mismo nivel que Burkina Faso y Bolivia) se comprueba con el hecho de que hay casos de corrupción pendientes respecto de más de 100 funcionarios oficiales, ministros incluidos. En este sentido, Felisa Miceli ya ha perdido su puesto como ministra de economía mientras que el Ministro de Planificación Federal Julio De Vido está sumergido en escándalo tras escándalo, para no hablar de las acusaciones contra el Secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno por tergiversar datos inflacionarios y de otra índole publicados por el INDEC.
Entonces, ¿cómo puede ser que un gobierno para el cual la honestidad evidentemente no es la mejor política tenga tanta ventaja en las encuestas? Por crédula que pueda ser la gente sobre otras cosas, por cierto que no se la puede engañar al punto que dude de su experiencia cotidiana con los precios que suben en los negocios. La principal explicación es que tanto la popularidad del gobierno como la inflación tienen un origen común en el rápido crecimiento en los últimos cuatro años. El gobierno no está obligado a ser honesto sobre los motivos de este crecimiento (parte del cual no tiene nada que ver con sus políticas, dado que surge de un crecimiento mundial asombroso cuyo promedio es de más del cinco por ciento, mientras que la parte del crecimiento actual que se debe a las políticas oficiales proviene de una insistencia obstinada de hacerse de los frutos del crecimiento ahora en lugar de ahorrar algo para el futuro). Lo único que debe hacer es confesar los problemas del crecimiento y habrá contribuido algo para restaurar su credibilidad.
No obstante, en definitiva es el pueblo el que debe tener en cuenta las consecuencias de elegir a un gobierno sin credibilidad. Una gestión elegida en base a promesas falsas siempre puede castigarse en comicios futuros, pero un pueblo que reelige a un gobierno que se sabe mentiroso abre la puerta a la peor de las tiranías. |
